ONU reconoce violación a los Derechos Humanos en caso Lydia Cacho

La Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución reconociendo la violación a los Derechos Humanos de la periodista Lydia Cacho por parte del Estado mexicano. Esto representa la primera resolución favorable del Comité para los Derechos Humanos de la ONU sobre abusos de este tipo por parte de las autoridades.

El CDH determinó que la detención de Cacho en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2005; su posterior traslado al estado de Puebla; y los hechos ocurridos durante este violentaron una serie de Derechos Humanos. Además de que se incurrió en violencia de género dado el trato sexualizado que vivió la también autora.

La detención de Cacho fue realizada por autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Puebla y empleados del empresario Kamel Nacif Borge. Esto luego de que la periodista publicara el libro «Los Demonios del Edén» en el que vincula a Nacif con una red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri.

Otros involucrados en dicha red de pederastia eran el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, quien habría incurrido en una persecución en contra de Cacho. Así como Miguel Ángel Yunes Linares, hoy mandatario del estado de Veracruz; y Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República.

El fallo se da a raíz de una petición para revisar el caso que la organización en favor de la libertad de expresión Artículo 19 presentó ante el comité de la ONU en octubre de 2014. Esto luego de que las autoridades mexicanas dejaran el caso en la impunidad.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2007, pero bastaron apenas dos sesiones para desecharlo. En la primera, el día 27, el ministro Salvador Aguirre consiguió una votación mayoritaria para determinar que el informe del caso había excedido sus capacidades al incluir la red de pederastia y no solo los hechos vividos por Cacho en 2005.

Mientras que en la segunda, el día 29, fue Olga Sánchez Cordero quien hizo lo propio al promover que Marín no tuvo relación con el Poder Judicial de Puebla para orquestar la detención de Cacho. Aunque votó en contra dos días antes, este proyecto de la futura Secretaría de Gobernación absolvió al ex-mandatario poblano de las investigaciones.

A 13 años de los hechos solo un agente que tomó parte en la detención de Cacho se encuentra detenido por el delito de tortura y otro más está prófugo por los mismo cargos. El resto de los autores materiales e intelectuales no han enfrentado a la justicia.

El dictamen del CDH reconoce que Cacho fue víctima de tortura física y psicológica, detención arbitraria, violencia de géneroy de la persecución en la que se utilizaron las fuerzas del Estado. Por lo que las autoridades mexicanas tiene 180 días para responder a las obligaciones determinadas por la ONE. Las cuales son:

Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos.

Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.

Ofrecer compensación adecuada a Lydia Cacho.

Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.