CNDH condena violencia electoral y retraso de PGR en Caso Ayotzinapa

Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó esta tarde su Informe de Actividades 2017. Además de condenar la «crispación y violencia» disparadas durante este proceso electoral, el comisionado de la CNDH acusó a la Procuraduría General de la República de retrasar las investigaciones relacionadas con el Caso Ayotzinapa.

Durante su presentación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Pérez hizo un llamado a las fuerzas políticas del país para «elevar el nivel de discusión», así como aseguró que México no puede «sucumbir ante la coyuntura» en ningún proceso electoral. Esto debido al incremento en el nivel de la violencia política a raíz del proceso electoral que culminará el próximo primero de julio.

El comisionado pidió recordar que los ejercicios democráticos, como lo son estas elecciones, sirven para debatir ideas y encontrar diferentes soluciones para los problemas del país. Por lo que solicitó a las autoridades que se conduzcan con respeto a las instituciones democráticas, las leyes y los Derechos Humanos.

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De igual manea, González Pérez aseguró que la corrupción, la impunidad y la aplicación discrecional de las leyes han derivado en la debilitación de las autoridades. Sobre esto, señaló que sus estrategias han sido anuladas, sus capacidades disminuidas y las instituciones han sido, en general, rebasadas.

Finalmente acusó a la PGR de retrasar las investigaciones respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pese a que la dependencia se comprometió a apoyar a la CNDH en sus labores. González Pérez dijo que la Procuraduría no solo no ha otorgado la información solicitada, sino que, en ocasiones, estos datos han llegado a los medios de comunicación antes que a la Comisión.

En particular, señala, la PGR se ha retrasado respecto a datos pertinentes al Caso Iguala. Ayer, la Procuraduría y las secretarias de Gobernación y Relaciones Exteriores acusaron a la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de publicar un reporte «prematuro» sobre el mismo caso.

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