La Fiscalía General de la República (FGR) detalló cómo se manejaban las operaciones ilegales a las que recurrió Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, al encabezar un grupo que presuntamente simulaba transacciones para dotarse de recursos por lo que habrían cometido delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, recordó que desde noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició una carpeta de investigación en contra del Álvarez Puga, su esposa y cinco personas más, así como de siete empresas por presuntamente estar coludidos y simular operaciones.

En este, detalló que “todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

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Para ello, presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, para así, poder “encubrir operaciones falsas y aparentar actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, subraya.

La FGR reveló que Álvarez Puga y Gómez Mont eran quiénes encabezaban la red ilícita de lavado de dinero, en la cual habrían blanqueado cerca de 3 mil millones de pesos, y para la cual operaban con supuestos representantes de personas morales.

“Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor ‘Z’, Armando ‘R’, José ‘O’, Ricardo ‘C’, Yareli ‘C’, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, agregó en el documento.

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Por otra parte, el grupo integrado por servidores públicos, que fueron quienes facilitaron las operaciones ilegales y facilitaron la entrega ilegal de recursos públicos celebrando contratos se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.

En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.

Además, destacó que en la investigación se señalan dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por un monto de 2 mil 950 millones de pesos que están siendo indagados.

Por todo ello, la fiscalía informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra todos los involucrado, tres de los cuales ya se encuentran en prisión y de los que han huido del país, como es el caso de Inés Gómez Mont y su esposo, están en espera de la respuesta de sus colaboradores a nivel internacional tras la emisión de la ficha roja en octubre del año pasado.