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Migración infantil: México como país receptor

Migración Infantil México Centroamérica Honduras
Foto: Cuartoscuro

La niñez suele ser una de las etapas de la vida más romantizadas durante los últimos años. En esta se ha buscado que las personas sean plenamente formadas a través de la educación, una buena alimentación y un buen desenvolvimiento social para que la sociedad en el futuro tenga todas las cualidades necesarias para ser productiva y mantener una serie de valores.

No obstante, en la realidad, diversos fenómenos sociales trastocan derechos establecidos por el derecho internacional. Uno de ellos es la migración, fenómeno que en los últimos años se ha hecho más visible por los desplazamientos de “caravanas” que intentan ingresar a territorios

México no es un país ajeno, puesto que este ha sido un país emisor y receptor de migrantes. Tonatiuh Guillén, consejero del Instituto Nacional de Migración, aseguró el pasado 23 de abril que aproximadamente una tercera parte del flujo procedente de Honduras corresponde a menores de edad.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los niños migran debido a una interacción de factores como “la pobreza absoluta, la amenaza constante de la violencia, una gran escasez de oportunidades educativas para los niños y un profundo deseo de reunirse con familiares que ya han migrado”. Este fondo de la ONU revela que el 74% de los niños de Honduras viven en hogares clasificados como pobres, al igual que un 68% de Guatemala y un 44% de El Salvador.

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La violencia en esos países fue fuertemente testimoniada durante la oleada de la primer ‘Caravana Migrante’ en México. Uno de ellos, por ejemplo, fue el del señor Jesús Alberto, quien contó para La Hoguera que las pandillas entran a las casas para masacrar a familias enteras, provocando que estos ciudadanos centroamericanos ya no se sientan seguros ni en su propia vivienda, puesto que por parte del gobierno, en lugar de recibir apoyo, al manifestarse o al decidir migrar son señalados como “terroristas” pese a ser personas “trabajadoras”.

Otros más jóvenes, por su parte, compartieron que en sus países de origen el estudio no servía y que las oportunidades se quedaban únicamente para quienes lograban entrar a la universidad, puesto que el resto de personas tenían que dedicarse a trabajar “solo con un machete”, por lo que buscaban migrar a Estados Unidos para buscar a sus familiares y aspirar a otro tipo de fuentes de empleo o educación.

Este testimonio da sentido a uno de los datos de un registro de niños y adolescentes migrantes repatriados a Honduras, realizado en 2016 y citado por UNICEF, el cual señala que 31.5% de los encuestados citaron la reunificación familiar como su causa de migración.

Los riesgos para estos niños que salen de sus hogares son también legales en el caso de migrar con sus familias. Durante el año pasado, la política migratoria de Estados Unidos se fortaleció para mostrar “tolerancia cero” con la detención y procesamiento penal a los inmigrantes, separándolos de sus hijos, llegando hasta la cifra de 2551 niños migrantes de 5 años en adelante y 102 menores de 5 años. Sin embargo, en México, señala el UNICEF, también se han dado retenciones de niños, llegando a una cifra de 60,000 menores de edad migrantes retenidos en los centros de detención entre 2016 y 2017, normalizando el separar a niños mayores de 12 años de sus familias.

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El presente gobierno federal ha prometido atender de manera estructural parte de la migración centroamericana buscando hacer visible este problema que para muchos estaba escondido. En este marco, pese a las críticas que ha tenido a últimas fechas el Instituto Nacional de Migración por los operativos para obligar a los migrantes a registrarse y obtener el derecho de quedarse en lugares habilitados para su estancia, el Poder Judicial se ha pronunciado en beneficio de los niños migrantes.

El pasado 26 de abril, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la CDMX, concedió, ante un amparo indirecto realizado por una asociación civil en contra de autoridades pertenecientes al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, protección constitucional a dos de ellas para que elaboren un plan institucional con características específicas para conocer el número de menores de edad, sus condiciones y necesidades, así como para conocer tales datos respecto de las niñas, niños y adolescentes que ingresen de manera masiva al país.

Finalmente, y frente a la crítica de algunos sectores conservadores que también han cuestionado la posibilidad de que centroamericanos ingresen y permanezcan en el país, se ordenó el reconocimiento de la condición de refugiados a los menores de edad que han ingresado al país en las “caravanas migrantes” puesto que por su condición tienen derechos de protección especial que son necesarios para salvaguardar su integridad personal, compensando su condición de inmadurez e inexperiencia connatural a su menor desarrollo físico y emocional y remediando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

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