Bancos advierten a diputados de riesgos por minuta de reforma a la Ley de Banxico

Integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) sostuvieron un encuentro virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ante la cual vertieron sus argumentos contra la minuta del Senado que reforma la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas, advirtiendo varios riesgos que esta implica.

El primero en hablar fue Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, quien dijo que coinciden con los objetivos sociales de la reforma del Senado de la República a Banxico. Este explicó que algunos trabajadores o familias reciben ingresos en divisas extranjeras, viéndose en la necesidad de cambiar su dinero en el mercado informal con tipos de cambio considerablemente inferiores por no tener acceso a una institución financiera.

No obstante, pidió a los diputados atender a este problema considerando el cumplimiento de las regulaciones mexicanas e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Advirtió que fue a través de aceptar estas que la banca mexicana pudo exportar en los últimos 10 años aproximadamente 45 mil millones de dólares en efectivo a la reserva de Estados Unidos e instituciones financieras en España, Canadá y Brasil.

Julio Carranza, vicepresidente de la ABM e integrante de Bancoppel, fue más directo al decir que la minuta de reforma a la Ley del Banco de México traslada la preocupación de exposición por riesgo de concentración de dólares a Banxico. Además, reiteró que, aunque el dictamen expone que el cambio beneficiará a migrantes y sus familias, el 99% de las remesas llegan de manera electrónica, siendo apenas el 1% en efectivo. De esa manera, expuso que la reforma no atiende lo mencionado pero que sí puede minar la confianza lograda durante muchos años en poco tiempo.

Al respecto profundizó Eduardo Osuna, representante de BBVA, quien declaró que se debe cuidar que los dólares de procedencia ilícita sigan fuera del sistema financiero mexicano. Respecto a la posibilidad de que no solo sea necesario cambiar remesas sino pagos de trabajadores transfronterizos, de hoteles, centros turísticos o meseros, este recordó que la legislación actual establece la posibilidad de intercambiar en bancos nacionales hasta 4 mil dólares al mes a personas físicas clientas de la banca.

En el caso de personas físicas que no son clientes, mencionó que existe por ley la posibilidad de recibirles hasta 1500 dólares en un mes. De esta manera, dijo que el problema planteado podía tener parte de su solución en la difusión de dicha información y no mediante una reforma como la presentada.

“Las consecuencias de que Banco central fuera parte de investigaciones por este tema genera un riesgo sistémico que podría extenderse a todo el sistema financiero limitando su capacidad de acción con otros mercados y el buen funcionar de la economía”, alertó Carlos Rojo, presidente Ejecutivo de ABM y representante de Banorte.

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De su mismo banco, Marco Ramírez recordó que luego del fenómeno “de-risking”, en México Banxico sirvió como interlocutor ante reguladores y asociaciones de Estados Unidos y Europa para disminuir su efecto a fin de reestablecer relaciones de bancos con el sistema financiero mundial. Arguyó que su voz fue considerada debido a que se le consideró como un tercero confiable ya que es una institución ajena al proceso operativo de recepción de dólares o envío de transferencias. Esto se perdería con la actual reforma.

Finalmente, Héctor Grisi, director ejecutivo del Grupo Financiero Santander, dijo que no hay ningún precedente de que un banco central en el mundo sea el tomador de último recurso en algún país. Esto, alertó, llevaría a México a una desventaja y podría provocar que otros países intentaran transferir sus dólares a nuestro país para intentar sacarlos de los suyos.

Asimismo, comentó que lo propuesto desde el Senado, y ahora debatido por los bancos y Cámara de Diputados, para Banxico requiere de tiempo y capacidad técnica especializada en cada institución para prevenir el lavado de dinero, lo cual implica inversiones millonarias y personas exclusivamente contratadas para el manejo del tema.