Nación

Autorizan a PGR consignar la carpeta del Caso Barreiro

28 mayo, 2018

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El supuesto lavado de dinero estaría relacionado con la compra de una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya // Foto: CUARTOSCURO

La Procuraduría General de la República recibió autorización para consignar la carpeta del caso contra Manuel Barreiro por el supuesto manejo de recursos ilícitos. Esta carpeta también incluye a la esposa y al socio de Barreiro, así como se le relaciona con el candidato presidencial Ricardo Anaya.

Patricio Leopoldo Vargas, juez Décimo de Distrito, negó la suspensión provisional solicitada por Barreiro, su esposa Ana Paula Ugalde y el empresario Juan Pablo Olea Villanueva, por lo que la carpeta del caso de lavado de dinero que involucra a la empresa Manhattan Master Plan Development podrá ser judicializada.

La firma en cuestión aparece en las indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada como propiedad de Juan Reyes, y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la agregó a su lista de empresas fantasma.

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El juez Vargas determinó que, de concederse esta suspensión, se trastocaría el orden público y el interés social, lo que está explícitamente prohibido en la Ley de Amparo. Vargas aclaró que, permitir esta acción, resultaría en que no se ejerza acción penal contra los involucrados ni se les cite a audiencia.

Este fallo da continuación a la investigación iniciada en marzo pasado por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita para la compra de una nave industrial propiedad del líder de la coalición Por México al Frente. Anaya Cortés ha negado su relación con Barreiro más haya de este negocio y ha acusado que se trata de una «guerra sucia» en su contra por parte del gobierno federal.

Hace exactamente una semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España, archivo la carpeta de la investigación que realizaban sobre el mismo caso y que incluía al candidato presidencial además de los empresarios. El órgano judicial español determinó que no había pruebas suficientes para proceder y que las acusaciones en contra de los involucrados están conformadas por “recortes de la prensa mexicana”.