PES propone duplicar penas por lesiones u homicidios de elementos de PF y GN

Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), propone duplicar las penas establecidas en el Código Penal Federal cuando se cometan los delitos en contra de elementos de seguridad pública. Esto, señala, ante los ataques que se han perpetrado en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Federal (PF) y otras corporaciones por parte de civiles armados.  

Jorge Arturo Argüelles Victorero expone en su iniciativa que tanto elementos de la Policía Federal, de la Defensa Nacional, de Marina o de la Guardia Nacional deben tener aseguradas las condiciones óptimas para que puedan desempeñar su labor puesto que se han tornado recurrentes las agresiones a elementos de seguridad por parte de grupos armados u organizados, incluso por parte de sectores de la ciudadanía. 

Como ejemplo se cita el ataque verbal y físico que el pasado 9 de septiembre sufrieron elementos del ejércico en Acajete, Puebla luego de que detectaran una bogeda que almacenaba vehículos y mercancía presuntamente robada, así como el caso de Bochil, Chiapas donde el pasado 26 de septiembre civiles se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional dejando un saldo de cuatro detenidos y un elemento herido de gravedad que días después perdió la vida. 

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Por ello, el legislador del PES propone que un artículo 301 bis establezca que las sanciones y multas establecidos en el Capítulo de lesiones en el título decimonoveno «Delitos contra la vida y la integridad corporal» sean duplicadas cuando el afectado, en el ejercicio de sus funciones, sea integrante de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional. 

Asimismo, con un artículo 308 bis, se pide que si el homicidio se comete en contra de algún elemento de la policía federal, de la defensa nacional, de marina o de la guardia nacional, en el ejercicio de sus funciones, se le aplicará a su autor una pena de veinticuatro y treinta años de prisión. 

Finalmente, en su argumentación, el diputado comenta que es necesario disponer un marco normativo que proteja los derechos sociales de las mujeres y hombres que formen parte de los elementos de seguridad ya que también son ciudadanos y que su trabajo “no es impedimento para que se puedan gozar las mismas garantías que cualquier individuo debe aspirar”.