Detenciones arbitrarias en México: problema visibilizado en 2018

En México ha surgido el miedo de salir de casa y tener la inquietud de si se volverá o ser afectado por algo impredecible. El 23 de enero de 2018, Marco Antonio Sánchez, un joven de 17 años, alumno de la Prepa 8 de la UNAM, quedó de verse con uno de sus amigos después de salir de clases y caminar hacia el punto de encuentro para descubrir los secretos que en sus calles guarda la ciudad que habita. La curiosidad por un dibujo en la pared lo envolvió, comenzó a mirarlo, sacó su celular para tomar un par de fotos, pero no fue suficiente, quería ser parte de él.

De manera amable, pidió “por favor” a su amigo que le tomara una foto con el mural de fondo. Marco buscaba la mejor pose para lucir junto a aquello que lo había maravillado cuando, de repente, un par de policías comenzaron a acusarlo de un supuesto intento de asalto, algo que el alumno preparatoriano negó, pese a la insistencia de ellos por incriminarlo. Fue entonces cuando, probablemente, el miedo se apoderó de los jóvenes y los hizo correr hacia la estación El Rosario del servicio de Metrobús a sabiendas de que al no hacerlo podían terminar siendo víctima de una detención arbitraria más.

Marco Antonio ingresó a la estación saltando hacia el paradero y eso fue el comienzo de “desaparición forzada”. Los policías lo derribaron y detuvieron golpeándolo pese a tenerlo sometido entre varios elementos para posteriormente subirlo a una unidad oficial y trasladarlo supuestamente ante autoridades competentes. Desde ese momento nadie supo de él durante casi 6 días, dado que su llegada a un Ministerio Público nunca fue registrada, hasta que un ciudadano reportó su presencia en calles de Tlalnepantla, visiblemente golpeado y aturdido.

La crisis qué México atraviesa en materia de derechos humanos ha mantenido en vilo a los mexicanos durante, al menos, los últimos dos sexenios. Junto a la preocupación por los altos índices de inseguridad registrados durante los últimos años, se presenta casi en paralelo un temor a caer en el sistema de procuración de justicia o cuerpos policiacos, tanto por la ineficacia para perseguir o resarcir el daño ante un delito como por las múltiples fallas que estas instituciones tienen con el debido proceso, así como la alteración de información de las investigaciones y declaraciones forzadas.

Detención arbitraria: El inicio de una serie de violaciones a derechos humanos en México

El del joven Marco Antonio Sánchez es uno de los casos de detenciones arbitrarias más visibles durante los últimos años, pero no el único. Amnistía Internacional (AI) señala en su texto “Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México” (2017), al menos 6 casos más que están documentados y revisados por este organismo internacional, en los cuales se habla de detenciones fundamentadas en supuesta acusaciones con inconsistencias, por el hecho de encontrarse en el lugar de alguna situación agravante sin tener prueba de su participación y por considerarlos “sospechosos” de algún delito sin más razón aparente que su propia percepción.

Amnistía Internacional señala que este tipo de actos son hechos “cotidianos” y representan el punto de partida de violaciones a los derechos humanos a través de la tortura, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En el caso de la tortura, en 2015, el informe titulado “La tortura en México” daba a conocer que la tortura es generalizada en México y “se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria”.

Esta hipótesis busca sustentarse con los datos de 2012 obtenidos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) los cuales señalaron que 57.2% de los detenidos en centros federales mencionaron haber sido golpeados durante su detención y 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

En el caso de la desaparición forzada, durante noviembre de 2018, México fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En los resultados de la evaluación, el Estado mexicano fue reconocido por la emisión de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”; sin embargo, se llamó la atención para que se reforme el artículo 34 de dicha ley para que cumpla con el propósito y sentido de la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

Según la Convención, la “desaparición forzada” puede ser “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, en tanto que la legislación nacional únicamente hace referencia a esta como la “privación de la libertad”, lo cual deja un vacío legal que puede ser aprovechado por las autoridades gubernamentales locales para catalogar los casos de otra manera a conveniencia.

Además, se señaló una ausencia de información de las personas privadas de la libertad, por lo que se tenía que revisar los registros de detención locales y de corte administrativo, así como el establecimiento de controles efectivos de registros de personas privadas de su libertad en instituciones privadas que permitan establecer un registro unificado capaz de ser actualizado y mantenerse como confidencial.

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La importancia actual de la discusión del tema

La noticia actual parece estar destinada al olvido. El flujo continuo de información que permite la tecnología y la viralización de ciertos materiales influyen en la pérdida del seguimiento de algunas noticias; sin embargo, el trabajo de los organismos nacionales e internacionales y la memoria que permiten los medios de comunicación, mantienen vivos algunos casos, como el de Atenco, respecto del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado al Estado mexicano como responsable de los delitos de violencia sexual, violación y tortura en contra de 11 mujeres en 2006.

El tema viene también a colación cuando se está discutiendo el papel y naturaleza de la ‘Guardia Nacional’, dado lo riesgoso que puede ser 1) el que no existan contrapesos que puedan realmente evaluar ni detener en algún momento sus acciones y 2) la combinación entre las capacidades de detención según los tipos de delito, de investigación y acción junto a la letalidad que algunos de sus elementos tienen por su formación, tal cual lo señaló el NYT este 22 de diciembre, basado en un documento del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM.

Pensar y recuperar los casos como los de Marco Antonio Sánchez y Atenco permiten recuperar la visibilidad a grupos vulnerables (especialmente mujeres, jóvenes e indígenas) que han quedado en esta condición de manera sistemática y cultural, dejándolos indefensos incluso ante la expedición de algunas leyes generales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.

De esta manera, también podemos entender cómo aquella actividad política, que nos parece alejada de nuestra vida diaria, nos impacta pero también cómo desde nosotros, como sociedad informada, se puede generar una discusión que presione a quienes marcan la agenda política local y nacional para una solución pronta y de calidad de los problemas que aquejan diariamente a millones de mexicanos.