Nación
México ha pedido a EU 269 extradiciones; 36 ya fueron negadas
Como lo había adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que son 269 las peticiones de extradición y detención provisional que México le ha solicitado a Estados Unidos desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, es decir, en lo que va de los gobiernos de la Cuarta Transformación y el último de Enrique Peña Nieto, y ninguno ha sido entregado.
Durante la conferencia de prensa mañanera de este martes 19 de mayo desde Palacio Nacional, explicó que de este total, 36 requerimientos ya fueron respondidos en estatus denegado, en tanto que los otros 233 permanecen pendientes de concluir.
Roberto Velasco detalló que de las 233 peticiones pendientes por concluir, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
“En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición pendientes de concluir, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional”, reveló.
El titular de SRE detalló que entre los casos más importantes para México de estas peticiones de extradición está el del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se le imputa los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
EU ha “bateado” a México 36 peticiones de extradición por “falta de pruebas”, revela Sheinbaum
Además, el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, a quien se le señala de delincuencia organizada por desfalco a la Secretaría de Gobernación y por ser uno de los principales factureros.
Otro de los que se ha pedido su regreso a México es el de Rafael ‘N’ y Elías ‘N’, quienes están vinculados al caso de la red de corrupción y desfalco al Infonavit y a quienes se les imputa el delito de delincuencia organizada.
Asimismo, indicó que también se solicitó desde el 7 de junio de 2024 la extradición de José Ulises ‘N’, involucrado en el caso de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada, así como el 18 de julio de 2024 se pidió la devolución de Pablo ‘N’, alias ‘El Transformer’, integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, presunto participante en la desaparición de los normalistas.
Otro de los casos importantes mencionó que es el de William ‘N’, acusado del delito de trata de personas, y uno de los expedientes que Estados Unidos ya respondió negando la extradición.
Explicó que bajo el tratado de extradición, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales para poder acceder a una extradición, no es algo “que nunca haya ocurrido” o “que esté fuera del Tratado”, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana.
Recordó que el Tratado dice que “ninguno de los Estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición, sino que es una facultad discrecional. ¿Cuál es la valoración jurídica que hemos tenido a lo largo de los años de esto? Bueno, que quiere decir que nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano. Hay un artículo muy importante también de la Ley de Extradición que se armoniza obviamente con el Tratado Bilateral de Extradición.
“Y el Artículo 17 de la Ley lo que dice es que cuando se soliciten medidas precautorias, como una detención provisional, se tiene que acreditar dos elementos en la petición que se haga: número uno, la expresión del delito por el cual se solicita la extradición. Y número 2. “La manifestación de existir una orden de aprehensión”.
Y con base en eso, dijo que el análisis que ha hecho la SRE y que se comparte por la práctica entre los dos países, es: que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que, en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de Distrito.
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