Trump pone nuevas “trabas” a las remesas

El presidente Donald J. Trump estableció una serie de medidas que deben acatar las instituciones financieras en Estados Unidos, mismas que podrían impactar en el envío de remesas a México. Esto en medio de la disminución de esos recursos desde el inicio de su gestión y utilizando nuevamente la narrativa de la seguridad nacional para impulsar tales reglas.

La Casa Blanca hizo pública una orden ejecutiva para «Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense», en la cual Donald Trump menciona que Estados Unidos está adoptando medidas específicas para proteger el sistema financiero del uso ilícito. En ese sentido, señaló que no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni por la concesión de créditos o servicios financieros a personas extranjeras «inadmisibles» ni sujeta a deportación.

«Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales. Los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México», expresó.

Asimismo, argumentó que un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó a titulares de pasaportes extranjeros utilizando cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares (mdd) para organizaciones criminales. Afirmó que tales recursos están asociados a la trata de personas.

Frente a esos escenarios, el mandatario republicano dijo que hacen falta programas sólidos de identificación del cliente y medidas de debida diligencia para mitigar los riesgos. En ese sentido, ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitir dentro de los siguientes 60 días una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los peligros asociados con la explotación del sistema financiero de los Estados Unidos por parte de personas no autorizadas a trabajar y sus empleadores.

Mencionó que esta describirá señales de alerta relativas a 1) patrones probatorios de evasión de impuestos sobre nómina; 2) la utilización de ciertos documentos de identidad extranjeros, cuentas ficticias, empresas fantasma o estructuras complejas de «embudo» diseñadas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales; 3) el uso estratégico de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadores de pagos de terceros o plataformas entre pares para facilitar pagos de salarios fuera de los registros.

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Asimismo, les deberá alertar sobre 4) patrones de retiros o depósitos de efectivo repetitivos y por debajo del umbral que se correlacionan con los ciclos de nómina realizados fuera de los sistemas regulados; 5) actividad financiera indicativa de trata de personas con fines de explotación laboral o trabajo forzoso; y 6) el uso de un número de identificación fiscal individual para obtener productos crediticios o abrir cuentas de depósito cuando el solicitante carece de un estatus migratorio legal verificado.

Por otra parte, instruyó a Bessent que en un plazo no mayor a 90 días, en coordinación con reguladores financieros funcionales federales, deberá proponer cambios a las reglamentaciones de aplicación de la Ley del Secreto Bancario. Esto a fin de garantizar la recopilación y verificación de información sobre la identidad de los clientes, así como el mantenimiento de la autoridad para obtener información adicional necesaria para resolver problemas importantes de cumplimiento.

Junto a eso, Trump estableció que dentro de los 60 días siguientes la Oficina de Protección Financiera del Consumidor deberá considerar aclarar que la posible deportación y la pérdida de salarios son factores que podrían afectar negativamente la capacidad de un prestatario no autorizado a trabajar para pagar una extensión de crédito. En tanto, cada regulador financiero funcional federal emitirá una orientación sobre la gestión de los riesgos crediticios potenciales que plantea la población no autorizada a trabajar.