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Nación

Segob pide legislación del cannabis con perspectiva de salud pública y regulación

Olga Sánchez Cordero legalización cannabis
Foto: Youtube / Captura de Pantalla

La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó este día, en el marco del Foro “Hacia una Política de Regulación de la Cannabis” que se realiza en el Senado, que, ante el crecimiento del uso de este producto, es necesario realizar reformas que provengan de un análisis desde la óptica de salud pública y regulen el mercado frente al fallido intento de su eliminación que solo ha provocado mayor actividad en organizaciones criminales.

Sánchez Cordero señaló esta mañana que las estrategias vigentes relacionadas al uso de drogas en México han fallado en proteger la salud, la seguridad y el respeto de los Derechos Humanos de los consumidores, puesto que lejos de inhibir el problema se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del incremento nacional en el uso de esta y otras drogas.

La secretaria precisó que, de acuerdo a “Informe mundial sobre drogas 2017”, el cannabis es la droga más consumida del mundo con 192 millones de personas consumidoras, entre 15 y 64 años, que manifiestan haberla consumido en el último año. A estos datos aunó los de la ONU, que señalan que 13.8 millones de jóvenes, entre 15 y 16 años, han probado al menos 1 vez el cannabis en su vida.

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Por su parte, en México, precisó, la “Encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017″ mostró incremento del 10.3% del consumo global de las drogas, sin embargo, en el caso particular del cannabis, la cifra que representa a las personas que lo han probado alguna vez en su vida pasó “del 6% al 8.6%”. Este incremento, señaló Olga Sánchez Cordero, obliga a analizar un enfoque diferente, dado que el objetivo no puede ser erradicar el consumo de una sustancia con tal prevalencia en la sociedad, causando que surja el tema para analizarse desde la óptica de salud pública.

La secretaria de Gobernación comentó que el Congreso de la Unión debe emitir una legislación que contemple un nuevo modelo que equilibre el enfoque de salud pública para minimizar los riesgos y daños relacionados por su consumo y el normar los intereses de mercado que buscan incentivar su uso para obtener mayores ganancias.

Por ello, señaló, la regulación, no legalización ni despenalización, que emita el Congreso no puede limitarse a la ley general de salud y el Código Penal Federal sino que debe estar en línea con la práctica internacional y regular toda la cadena que va desde la siembra de la cannabis, pasando por las etapas previas del consumo y las medidas de mitigar las consecuencias derivadas del mismo, ya sea para uso científico, medicinales, terapéutico o lúdico.

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Como ejemplo de estas experiencias internacionales mencionó el caso de Uruguay, donde el Estado asumió el control de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución dentro de sus límites territoriales, además de puntualizar legalmente la creación de un registro de aquellos consumidores y los lugares donde estos podían abastecerse, así como el máximo semanal.

Otro caso citado fue el de Canadá, en donde se criminaliza a aquel que desobedece a quien no está dentro del marco regulatorio, el cual establece parámetros de calidad de la cannabis y seguridad, en aras de proteger la salud de los consumidores, estableciendo obligación del Estado de llevar acciones para educar respecto de los riesgos y consecuencias del uso de esta.

Finalmente invitó a los legisladores a retomar la jurisprudencia de la SCJN para analizar el tema con mayor celeridad, siendo también fundamental incorporar en las discusiones las lecciones aprendidas respecto al control y minimización de los riesgos asociados al consumo contemplando, junto a todo lo señalado, una perspectiva género, un eje de justicia social y el respeto a los DDHH.

Jurisprudencia de la SCJN invitan al análisis del tema con mayor celeridad, siendo fundamental incorporar en las discusiones las lecciones aprendidas respecto al control y minimización de los riesgos asociados al consumo del cannabis con perspectiva de salud pública y respeto a los DDHH

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