Reforma electoral de AMLO quiere poner a dieta a los partidos políticos

Para el 2022, los partidos políticos en México tienen asignado un presupuesto de 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes. Sin embargo, podría ser la última vez que veamos que estas organizaciones obtienen esos montos anualmente.

Bajo el argumento de que es una demanda popular restarle presupuesto a los partidos políticos y destinarlo a la sociedad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) plantea en su reforma constitucional político-electoral cambiar la manera en que esos institutos son financiados. Asimismo, modificó la fórmula de reparto del dinero que considera si sería necesario entregar a fin de que haya equidad en la contienda electoral.

En el documento enviado a la Cámara de Diputados se propone reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de eliminar que la ley garantice que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado al interior de los partidos políticos. Esto dado que propone que para sus actividades ordinarias permanentes dichos institutos obtengan sus recursos de personas físicas mexicanas, aunque en la forma y límites dispuestos en la Constitución y ley.

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Al respecto, señala que tanto el financiamiento privado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, así como para sufragar los gastos de campaña durante un proceso electoral, debe contemplar:

– Tener fuentes identificables y reportadas en su contabilidad, con reglas previas a la revisión del ejercicio;
– No rebasar los topes señalados en la legislación para las elecciones federales y locales, aclarando que estas aportaciones no estarán sujetas a deducción fiscal;
– Que ninguna persona física podrá donar en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente, y
– Que los recursos que un partido obtenga para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no podrán ser aplicados a las actividades tendientes a la obtención del voto para cargos de elección popular, ni al pago de deudas contraídas para cubrir gastos de campaña.

Pese a estas consideraciones, los partidos políticos nacionales sí recibirán recursos públicos en dos ocasiones durante cada sexenio, dado que con ellos deberán financiar las campañas electorales. Pero, ¿cuánto dinero recibirán?

Cuando haya solo elección para renovar la Cámara de Diputados se calculará el monto total a repartir multiplicando el número total de ciudadanos que conformen la lista nominal de electores por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. De lo que resulte de esa multiplicación, el 30% se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, mientras que el 70% será repartido de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección inmediata anterior.

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El presupuesto público que se les deberá otorgar a los partidos políticos subirá en el año en que se elijan diputaciones, senadurías y la Presidencia de la República simultáneamente. En este caso, el recurso será determinado multiplicando el número total de ciudadanos y ciudadanas que conformen la lista nominal de electores por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Una novedad de la reforma propuesta es que permitiría brindaría también financiamiento a las candidaturas independientes para campañas electorales. No obstante, pediría a quienes ostenten este tipo de candidaturas que en el manejo de recursos tendientes a la obtención del voto acaten también las primeras tres obligaciones mencionadas para los partidos políticos en este caso.

Cabe destacar que de acuerdo con el exdiputado Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y asistente presidencial para la redacción de esta iniciativa, señaló que el financiamiento solamente debe realizarse para hacer menos dispareja la contienda electoral. En tanto, mencionó que se requiere no seguir subsidiando a las burocracias partidistas como sucede ahora

Al respecto, Horacio Duarte, titular de Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), argumentó que las disposiciones vigentes han pervertido la actividad democrática de los partidos políticos al otorgarles financiamiento público anualmente para actividades ordinarias.