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Nación

Piden investigar asesinatos de periodistas con Peña y Calderón

reporteros sin fronteras
Foto: Especial

La organización internacional Reporteros sin Fronteras dio a conocer esta tarde que han realizado una “comunicación” ante la Corte Penal Internacional (CPI) para asignar responsabilidades sobre los 116 casos de periodistas que han sido asesinados o desaparecidos en México durante los últimos dos sexenios.

Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, comentó que México está clasificado actualmente en el lugar 147 de 180 evaluados en cuanto a libertad de prensa, teniendo desde el año 2000 hasta la fecha el registro de 121 periodistas asesinados en un marco de impunidad, dado que 99% de estos casos de periodistas vulnerados permanecen impunes.

Además, recalcó que desde hace 3 años, México está catalogado dentro de los países más peligrosos para ejercer el periodismo junto a Afganistán y Yemen, lo cual ha tenido que ver con la pasividad y la complicidad de las autoridades, los cuales han sido causales importantes de esta impunidad, dado que se han abstenido de juzgar a criminales.

Deloire comentó que estaba prevista una plática con el presidente que hasta el momento no se ha dado, pero que fueron recibidos por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y el encargado del mecanismo de seguridad de los reporteros.

Argumentó que la finalidad de Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica es dialogar con Andrés Manuel López Obrador para presentar una iniciativa que permita mejorar la seguridad de los reporteros y que les apoye en la “comunicación” que ayer promovieron ante la Corte Penal Internacional, la cual se trata de una especie de demanda que denunciará los crímenes de periodistas durante los últimos dos mandatos anteriores al gobierno de López Obrador.

Este aclaró que los crímenes juzgados por esta instancia son de asesinatos y desaparición forzada, por lo que es el lugar idóneo para solicitar que se investigue y se asignen las responsabilidades de 116 casos (102 asesinatos y 14 desapariciones) de periodistas mexicanos que han sido vulnerados en el ejercicio de su profesión durante el periodo 2006-2012 y 2012-2018.

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Reporteros sin fronteras defiende este procedimiento que solicitaron. Este, dijeron, servirá para que AMLO, con el poder que tiene en la actualidad, utilice la medida para luchar contra la impunidad que ha existido hasta ahora, tal como lo ha dicho en su discurso político, pudiendo reforzar la acción que solicitaron a la CPI, puesto que de respaldar esta solicitud la Corte se vería obligada a abrir una carpeta de investigación, y ayudar a llevar las investigaciones en el plano local.

Emmanuel Colombe, representante de Reporteros sin Fronteras en AL, mencionó que el diálogo con Encinas permitió saber que están de acuerdo con que se presenten los casos de crímenes ante la CPI, asegurando que el gobierno ya está haciendo lo propio al reorganizar las secretarías para realizar investigaciones que permitan terminar con la impunidad.

Además, Encinas aseguró que se está realizando ya una auditoría con la ONU para saber cuáles son las debilidades del mecanismo de protección de periodistas, con la finalidad de obtener resultados que serán compartidos para trabajar con organizaciones de la sociedad civil con el objeto de reforzar el mecanismo que no ha funcionado de manera satisfactoria, asumiéndolo como parte de la seguridad pública y dejando de lado a empresas privadas que venían realizando algunas actividades.

Encinas se mostró abierto a que se presenten los casos de crímenes ante la CPI, la cuestión ahora es que las autoridades están trabajando conjuntamente para que todas las secretarías lo apoyen para realizar las investigaciones, estamos luchando contra un enemigo que es la impunidad.

Finalmente, el secretario general de Reporteros sin Fronteras dijo que este procedimiento legal de la CPI permite buscar responsabilidades penales de manera individual ante los crímenes más graves cuando la justicia penal de un país falla, pudiendo castigar a cualquier persona que haya actuado en el nombre de un Estado o del crimen organizado.

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