Lanzan ‘Estrategia de Protección’ para elecciones con alcaldías como prioridad

Para dar seguimiento periódico a la implementación, se implementará una Mesa de la Estrategia de Protección que informará directamente al Gabinete de Seguridad de López Obrador y que estará integrada por la Segob y la SSPC, además de por el Centro Nacional de Inteligencia adscrito a esta, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó la ‘Estrategia de Protección en Contexto Electoral’ para resguardar a los candidatos que arrancarán campaña por los más de 21 mil cargos de elección popular, poniendo como prioridad la atención a quienes aspiran a alcaldías. Esto para evitar que ‘el partido de la delincuencia’, tanto organizada como de ‘cuello blanco’, interfiera en el proceso y en la decisión de la ciudadanía.

“Se heredó el ‘partido de la delincuencia organizada’ y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral”, dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Señalando que la ‘campaña del miedo’ incluye asesinatos, amenazas, cooptaciones, imposiciones y financiamiento de candidatos.

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Rodríguez señaló que hay más de 21 mil cargos de elección popular en juego, de los cuales alrededor de mil 900 son presidencias municipales y otros 17 mil más comprenden regidurías, sindicaturas y concejalías. La Estrategia de Protección priorizará a las alcaldías dado que ‘el partido del crimen’ busca imponer candidatos en regiones enteras de estados mediante amenazas y sobornos, además de que ya se está extorsionando a autoridades municipales actuales.

De acuerdo con el informe de la secretaria Rodríguez, más de la mitad de los actos de violencia política, es decir, donde se han cometido asesinatos y herido a aspirantes, se concentra en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Mientras que Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco presentan los mayores riesgos de cooptación de candidatos.

La Estrategia de Protección contempla pedir tanto a partidos políticos como a autoridades electorales que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Se establece una mesa entre las secretarías de Seguridad y Gobernación con partidos, fiscalías y autoridades locales para prevenir y atender casos de candidatos que pidieran estar vinculados con la delincuencia organizada, así como para atender a candidatos amenazados por organizaciones criminales.

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Se consultará a los gobiernos estatales sobre la aplicación de la Estrategia y esta se reforzará en estados y municipios de alto riesgo, planteando un ‘protocolo territorial especializado’ y ayudar en el blindaje de las autoridades ministeriales y las instancias competentes durante el proceso electoral. Esto siendo que ya las 32 entidades de la República se sumaron al Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el primer mandatario.

Para dar seguimiento periódico a la implementación, se implementará una Mesa de la Estrategia de Protección que informará directamente al Gabinete de Seguridad de López Obrador y que estará integrada por la Segob y la SSPC, además de por el Centro Nacional de Inteligencia adscrito a esta, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

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