Comerciantes piden participar en reordenamiento del centro de CDMX

Este miércoles, la organización Movimiento por los Derechos Constitucionales del Comerciante Popular y del No Asalariado (Modeccos) se posicionó respecto al proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de la CDMX puesto que argumentan que los han dejado de lado en la planeación de la misma.

Armando Piña, indicó que dentro del marco de la reorganización del Centro Histórico se requiere que Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, informen cuál será la estrategia que se seguirá para los comerciantes populares, puesto que no se tiene claro qué procederá. Además, afirmó que sienten que la mayoría de los líderes comerciantes son discriminados, por lo que solicitan a las autoridades de la alcaldía y del gobierno de la ciudad, que los integren a las mesas de trabajo que se están realizando.

Otro comerciante, de nombre Miguel Ángel, comentó bajo la misma tónica que el plan de división del centro histórico no está completo dado que faltan ellos, quienes también son parte del mismo y lo han sido históricamente, por lo que instó al gobierno de la ciudad para que no trabajara con la prisa que dice tener para retrasarlo un poco, lo cual no generaría caos sino armonía al lograr un consenso entre ellos y el gobierno.

Por su parte, Diana Sánchez Barrios, activista pro Derechos Humanos y lideresa de comerciantes populares, dijo que el programa de revitalización del área mencionada no se presentaba como inclusivo, puesto que en el presídium del día de ayer solamente se encontraban presentes empresarios y gente de poder económico, despojando de representación a quienes participan en el comercio popular puesto que el gobierno los conceptualiza como si se tratara de delincuencia organizada cuando no es así.

La ex diputada por el PRD comentó que esta administración pareciera estar siguiendo la política fallida de Marcelo Ebrard, en la cual se reubicó a los comerciantes populares en “predios de alto riesgo”, sin otra alternativa, y no en plazas comerciales, careciendo incluso de servicios básicos como la luz o baño.

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En su caso particular, confirmó que ella sí fue recibida pero adicionó que su exigencia es que haya un trato igualitario para todos los líderes de comerciantes del centro de la ciudad, puesto que si bien no se aponen a un nuevo diseño de organización del corazón de la capital mexicana sí están buscando que este se realice bajo un consenso.

Esto, dijo, se debe también a que el comercio popular hubiera gustado de contar con representación en el presídium y en el Comité de vigilancia que evaluará el actuar de los policías, evaluación que quedará únicamente bajo el criterio de empresarios.

Junto a ello, refirió la necesidad de un protocolo de actuación claro por parte de la policía de la CDMX, puesto que se tiene que saber cómo procederán en caso de retiro de los comerciantes, incluidos aquellos que hablan otro idioma y que se encuentran también en vulnerabilidad. Además, se exigió que en el proceder se debe mostrar igualdad entre los comerciantes populares y los empresarios, puesto que a estos últimos se les trata distinto pese a que utilizan espacios públicos para ampliar sus servicios, mientras que a los primeros se les realiza un desplazamiento forzoso y no se les da señales de respeto.

La comerciante Concepción Escandón, por ejemplo, denunció que los jueces cívicos solicitan 200 pesos para poder liberar a los comerciantes que son detenidos, los cuales suelen ser pagados sin que les emitan algún recibo del pago de sus multan. Además, declaró que quienes se niegan a realizar dicho pago quedan a expensas de estar hasta 8 horas sin agua y alimentos

Además, Diana Sánchez criticó que tras solicitar al InfoDF saber cuántos predios fueron entregados en 2007, en qué condiciones están y quiénes los ocupan, esta institución declaró que no tenía conocimiento de dicha información.

Finalmente, y ante el anuncio de la Alcaldía Cuauhtémoc de la realización de un censo de los integrantes del comercio popular del centro histórico, Sánchez Barrios cuestionó su utilidad, indicando que en realidad lo que hace falta es un diagnóstico de quiénes ejercen esta labor y las condiciones en que lo realizan; dicho estudio, puntualizó, debe ser realizado por el gobierno invitando a la academia para a partir del mismo plantear una política pública eficaz, puesto que la “Cuarta transformación” no puede darse únicamente mediante el acompañamiento de empresarios.