Cinco años desaparecidos: Ayotzinapa, caso sin concluir

Era la tarde-noche del 26 de septiembre de 2014 cuando un grupo de 100 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron tres camiones rumbo al municipio de Iguala, donde la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, rendiría su primer informe de labores. Durante ese año, Iguala era gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Luis Abarca como alcalde.

Ángeles Pineda, quien presuntamente estuvo relacionada con el grupo delictivo Guerreros Unidos, tenía conocimiento que un contingente se dirigía al municipio; sin embargo, de manera extraoficial se le informó que los estudiantes pertenecían al cártel de «Los Rojos» contra quienes el grupo citado disputaba el control de esta región del país.

Es por ello que el alcalde Abarca dio la orden de detener a los manifestantes, presuntos sicarios; sin embargo, la historia fue distinta pues en la carretera a Iguala convoyes pertenecientes a elementos de seguridad y miembros de Guerreros Unidos interceptaron y dispararon a los autobuses de los normalistas.

Durante el ataque orquestado por la policía de Iguala, elementos de Cocula y el grupo criminal aliado a Ángeles Pineda, seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron.

Te Puede Interesar: AMLO hace llamado público a informar sobre caso Ayotzinapa

Algunos de los sobrevivientes de esos hechos declararon que ellos no tenían conocimiento de las actividades gubernamentales y que solo buscaban dos autobuses más para poderse trasladar a la Ciudad de México y participar en la protesta por el 2 de octubre que se conmemora cada año en la capital.

Ante la tragedia, el gobernador Ángel Aguirre movilizó a autoridades el 30 de septiembre con lo cual fueron capturados 22 policías que presuntamente fueron partícipes en los hechos. Del mismo modo, hizo un llamado al alcalde para que rindiera su declaración de lo sucedido. En lugar de ello, Abarca pidió licencia por un mes y escapó de Guerrero.

Por otra parte, los padres de los estudiantes, la mayoría de los cuales son de escasos recursos, exigían la respuesta del gobierno para que hallaran a sus familiares, pues durante la última semana de septiembre no habían escuchado una versión oficial sobre los acontecimientos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, preocupado por la rapidez con la que viajaba la noticia que incluso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual también dio su opinión, se decide a ofrecer millones de pesos a quien entregue información del paradero de los normalistas.

La noticia se escucha por todo el país. Mientras con indignación, rabia y en busca de apoyo, los padres y familiares de los normalistas, amigos y la sociedad en general comienzan a marchar hacia la capital para que sus voces sean escuchadas.

Para noviembre, tras casi 60 días de plantones, solicitudes de apoyo y búsqueda de los estudiantes, Abarca y su esposa son detenidos en la capital mexicana, en un operativo realizado a principios de mes. Un día después, el 5 de noviembre el alcalde fue recluido en una prisión federal en el Estado de México por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, mientras que un juez federal ordenó la detención provisional por 40 días a su esposa.

La marcha en solidaridad, realizada el 20 de noviembre, reunió a miles de capitalinos, también en estados e inclusive países como Argentina, India, Canadá e Italia se unieron al pueblo mexicano, con vestimenta negra y consignas como la que ahora se ha vuelto emblema de la tragedia a fin de reclamaror al gobierno de Peña Nieto que entregara a los estudiantes a sus familias porque «vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos faltan 43».

En diciembre de 2014 el gobierno de Argentina participó en las investigaciones junto con la Procuraduría General de la República (PGR). Durante su intervención, fueron encontrados los restos de Alexander Mora Venancio, alumno desaparecido, en el basurero de Cocula luego de cotejar el ADN con los hallazgos, por lo que surgió la hipótesis de que los 43 estudiantes habían sido quemados.

Por tal motivo, el procurador Jesús Murillo Karam, al frente de la PGR, ofreció una conferencia de prensa en donde afirmó que en una fosa clandestina habían encontrado restos calcinados de personas jóvenes, que al parecer se trata de los 43 estudiantes, por lo que continuarían los exámenes forenses para corroborar si eran los alumnos.

En enero de 2015, Murillo Karam presentó lo que se llamó la «verdad histórica» sobre el caso de Ayotzinapa. En ella se reportaron los datos recopilados durante 4 meses y declararon que los normalistas fueron privados de su libertad, ejecutados, calcinados, triturados y arrojados al río San Juan. Un mes después, el 27 de febrero, el procurador dimitió al cargo.

A marcha lenta, y parecería que forzada, las pesquisas del caso sufrían otra complicación pues en 2016 Tomás Zerón renunciaría a la jefatura de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encargada de llevar a cabo la recopilación e indagación además de aportar datos a la «verdad histórica». Esta abdicación se dio por parte de la procuraduría para crear un vínculo con los padres que exigían su renuncia e iniciar una nueva línea, diferente a la presentada por Murillo Karam, para hallar a sus hijos.

Después de tres años de averiguaciones y dar con el paradero de más de 190 fosas clandestinas con restos de cuerpos de hombres y mujeres, la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense, en coordinación con los padres, acordaron reiniciar las investigaciones para comenzar la búsqueda en Iguala, Cocula y otros municipios aledaños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integró a las indagaciones.

En 2018 el gobierno de Peña Nieto dio un informe en el que se declaró de nuevo que los estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula; sin embargo, tras arduas investigaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó que los normalistas fueran incinerados y arrojadas las cenizas en el río San Juan pues, de acuerdo con los científicos, no había pruebas suficientes para confirmar estos hechos, por lo que la «verdad histórica» fue refutada.

Caso Ayotzinapa en 2019

A 5 años de los hechos, con José Luis Abarca en prisión junto a Ángeles Pineda, 24 oficiales que participaron en el ataque, y 116 personas más entre delincuentes y policías involucrados, los datos e información recopilada es descartada en septiembre de 2019 por la Fiscalía General de la República(FGR), lo que antes era la PGR.

Fiscalía inicia desde cero investigación de Ayotzinapa

Acorde con el juez de distrito Samuel Ventura Ramos los policías locales de Iguala y Cocula fueron liberados el 15 de septiembre de 2019 pues no se contaba con las pruebas suficientes. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, agregó que existía la posible absolución de 53 implicados más que ya tenían el proceso penal, uno de ellos fue Gildardo López Astudilo, El Gil, quien presuntamente conocía los hechos y monitoreaba los actos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Actualmente, suman ya 77 las personas liberadas por el mismo juez y solo quedan 65 de de las 142 detenidas, los padres de los normalistas están de acuerdo con que las investigaciones comiencen desde cero, asimismo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se comprometió a hacer una investigación independiente, clara y objetiva, partiendo de una base sólida sin irregularidades.

A su vez, los integrantes de Guerreros Unidos recluidos en Chicago fueron liberados, por buena conducta y cooperación, por el gobierno estadounidense y la DEA, la cual intervino decenas de mensajes donde se coordinaban para realizar el secuestro y desaparición, a pesar de estar ligados directamente con los sucesos. Asimismo, se estima que el líder de la banda criminal, Pablo Vega, también pueda obtener la libertad.

Aún con la incertidumbre en el futuro para dar con el paradero de sus hijos, los padres no pierden la esperanza de ver y abrazar nuevamente o llorarles por última vez a quienes, según ellos, todavía escuchan por el territorio mexicano.