Áñez decreta impunidad a militares bolivianos represores

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, eximió este sábado a las fuerzas armadas de dicho país de las responsabilidades penales a quienes participen en la represión que se están llevando a cabo desde el viernes.

En el decreto con fecha viernes 15 de noviembre se estipuló en el artículo 3 que «el personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

De esta manera, la mandataria de facto quien firmó el documento de tres páginas junto a otros once funcionarios, dio total libertad a los elementos de seguridad para detener las manifestaciones que se presentaron en el país desde que Evo Morales abandonó el país para refugiarse en México.

Asimismo, de acuerdo con medios locales y agencias, en el documento se decretó que «todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales».

Nueve muertos en Cochabamba por represión a manifestantes

Esta nueva resolución se presentó a un día de que las manifestaciones en Cochabamba, Bolivia iniciaran. Cabe destacar que durante las revueltas en dicha ciudad, la cual es donde nació el ex presidente, 9 personas han fallecido por haber recibido disparos en la cabeza y en el pecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó que «el grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH».

Del mismo modo, condenó «cualquier acto administrativo del gobierno de #Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales».