PRI busca acabar con las ‘mañaneras’ de López Obrador

El PRI busca acabar con las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, la diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, plantea una iniciativa con proyecto de decreto en la que propone reformar los artículos 108 y 111 constitucionales.

El documento, que apareció publicado la mañana de este jueves en la Gaceta Parlamentaria, plantea engrosar el proyecto que fue aprobado en el Senado respecto a los delitos por los que ahora podrían ser juzgados el presidente y los legisladores. Propone modificar el artículo 108, destinado a señalar sobre qué delitos puede ser imputado y juzgado el presidente de la República, para poder proceder en contra del mandatario en turno que cometa delitos contra la administración de justicia y para que pueda ser demandado por daño moral en términos del Código Civil.

Mientras tanto, la modificación al artículo 111 constitucional va encaminada a permitir que, para proceder penalmente en contra del presidente, solo haya lugar realizar la acusación ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 del mismo texto.

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La diputada Sauri Riancho expone que este tipo de reformas son necesarias ante el uso que está haciendo AMLO durante las conferencias matutinas que diariamente ofrece. Sobre ellas, menciona que se han convertido en una estrategia del nuevo gobierno para comunicar a la sociedad cualquier tipo de información que, a criterio del Ejecutivo, sea relevante y para acaparar la agenda noticiosa y marcar la pauta de los medios de comunicación.

Sin embargo, la diputada priista señala que su mayor preocupación se encuentra en el espectáculo mediático en el que estas suelen tornarse, donde el presidente responde críticas sobre su gobierno sin permitir a la contraparte afectada el derecho de réplica, utilizando, incluso, datos y cifras sin sustento alguno. Esto último, señala la iniciativa, ha convertido las conferencias en un tribunal mediático, donde señala a servidores públicos, a personas físicas y morales, a ex presidentes y en general a cualquier persona que a su criterio esté vinculada con actos de corrupción.

Como ejemplos, ponderó las acusaciones a Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, por supuesto conflicto de interés, al ex presidente Felipe Calderón y José Narro, por corrupción; al autor de la serie el Populismo en América Latina, por “campaña negra” en su contra durante la campaña electoral de 2018; y contra tres farmacéuticas por sospechas de actos “inmorales” y “violatorios”, por lo que fueron vetadas para participar en licitaciones del nuevo gobierno, pese a que esto significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que establece que una empresa no puede participar siempre y cuando se encuentre inhabilitada por una resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos que establece dicha ley.

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Por ello, y ante el uso de recursos públicos, económicos y técnicos para sus conferencias, la iniciativa condena que estas sirvan para “atacar, calumniar, ofender o difamar a ningún ciudadano y mucho menos, sin aportar alguna prueba, pues para ello existen las instancias y procesos jurisdiccionales correspondientes”.

Sobre la posibilidad de que el presidente pueda ser juzgado por los delitos cometidos contra la administración de justicia, Sauri Riancho argumenta que es una necesidad derivada de que durante sus conferencias de prensa se ha ventilado, en más de una ocasión, información relevante sobre casos que se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes, algo que prohíbe el Código Penal Federal en su artículo 225.

Finalmente, en el proyecto se acusa que el presidente ha emitido actos de autoridad que producen daños y dan ventaja indebida a personas, como en el caso de la circular para negar que empresas puedan participar en licitaciones públicas solamente por sospechas y sin pruebas alguna.