ONU lamenta que Fuerzas Armadas no dieran información a GIEI

Pese a la voluntad política mostrada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para esclarecer los hechos de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) lamentó que las Fuerzas Armadas no entregarán toda la información solicitada al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que continuaran con su investigación.

“la ONU-DH lamenta profundamente que, pese a la voluntad política expresada desde el Gobierno federal al más alto nivel, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI para profundizar sus investigaciones y coadyuvar al esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de los estudiantes”, subrayó en un comunicado.

La oficina en México se unió a las exigencias de los padres de los normalistas y pide a las autoridades mexicanas implementar todas las recomendaciones dejadas en el último informe del GIEI —grupo formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, así como las que aún se encuentren vigentes de los informes anteriores, esto con el propósito de lograr avances en la justicia, verdad y derechos de las víctimas. Y también para generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México. “La mejor forma de honrar el trabajo invaluable del GIEI es implementando sus recomendaciones”.

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La ONU-DH destacó que a lo largo de siete años que duró la investigación, el trabajo del GIEI permitió impulsar avances sustanciales que llevó a desvelar la versión oficial del gobierno del priista Enrique Peña Nieto de la denominada ‘verdad histórica’ que recordó fue construida a base de pruebas ilícitas como la tortura, tal como la misma oficina en México de la ONU ya había documentado en su informe ‘doble justicia’.

Asimismo, asegura que los hallazgos del grupo de expertos contribuyeron a “reconocer y dignificar a las familias, a develar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, de los distintos órdenes de gobierno, y a sustentar la judicialización de más de ciento veinte personas. El informe del GIEI contiene, además, elementos de análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México y sus grandes limitaciones para resolver casos de alta complejidad y gran impacto, como el de Ayotzinapa”.

Con la terminación de las investigaciones por parte del GIEI, afirma que ahora la responsabilidad de las autoridades mexicanas se acentúa, pues además de que deben retomar las indagatorias de los organismos internacionales de derechos humanos para esclarecer la verdad, también deben dar con el paradero de los estudiantes, reparar a las familias y sancionar “debidamente” a los perpetradores y a todos aquellos que estén obstruyendo las indagatorias.

Por otro lado, hace un reconocimiento a las familias de los 43 estudiantes y a las organizaciones que los han acompañado en estos casi nueve años de lucha porque su exigencia de búsqueda de la verdad y justicia ha permitido la instauración de medidas innovadoras y aportes fundamentales en la defensa de los derechos humanos.