El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confirmó que el Consejo General del órgano electoral interpondrá acciones jurídicas contra el recorte presupuestal que “pone en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato”.

“Frente al recorte, el Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales que considere adecuadas, y promoverá las acciones jurídicas a las que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes”.

Córdova acusó que el recorte por casi 5 mil millones de pesos se debe a la incomprensión de los diputados a los argumentos que los consejeros han explicado ante la solicitud de recursos.

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“El recorte por 4 mil 913 millones de pesos es el reflejo de una total incomprensión de los argumentos que los consejeros del INE han planteado, así como de las negativas de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que han explicado a los legisladores”.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el consejero presidente lamentó que por cuarto año consecutivo la Cámara de Diputados haya disminuido los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que justifique los recortes.

En ese sentido, afirmó que la reducción presupuestal representa más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el instituto había planteado, y eso ocasionará que se frene la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos.

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Por otra parte, rechazó que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa previstos en la Constitución. Afirmó que, al contrario, “el INE ya está tomando previsiones para llevar a cabo la revocación de mandato del presidente en caso de que así lo solicite la ciudadanía”.

Sin embargo, acusó a la Cámara de Diputados de no aportar el presupuesto con el que se esperaba realizar la revocación de mandato, pese a ser los partidos mayoritarios, los que votaron a favor el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los que están promoviendo la consulta.

Recordó que en el pasado ejercicio fiscal tampoco recibieron recursos para llevar a cabo la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de la República, pero se pudo realizar gracias a los ahorros generados por las “buenas prácticas administrativas del instituto”, aunque implicara colocar solo una tercera parte de casillas planeadas.