Inicia UIF investigación contra fiscal de Guanajuato

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, al rastrear sus transacciones bancarias y las de sus allegados por presuntamente no actuar de manera adecuada para el combate de la delincuencia.

De acuerdo con la investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la UIF ya procedió con el congelamiento de las cuentas bancarias de un empresario que presuntamente está vinculado con Zamarripa.

Estas acciones se toman luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara en repetidas ocasiones al fiscal de Guanajuato por sus malos resultados en el combate a la delincuencia que, en sus 12 años de gestión, ha aumentado en la entidad.

«Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido», expresó el mandatario el pasado 16 de julio. Asimismo, ha dado a conocer que ya solicitó al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que el fiscal sea destituido.

El jefe del Ejecutivo insistió 10 días después que la denuncia contra Carlos Zamarripa se debe a que no puede quedarse callado pues, de hacerlo, sería complicidad.

La investigación contra el fiscal cuenta ya con una revisión detallada de sus ingresos a partir de 2012, así como sus gastos en el país como en el extranjero. Debido a que esta primera indagatoria no arrojó inconsistencias relevantes, la UIF abrió las pesquisas a su círculo cercano que incluye a su esposa y empresarios que posiblemente colaboraron con Zamarripa como operadores financieros.

Al ampliar al círculo cercano, se detectó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien se desempeñó hasta el mes de marzo 2021 como secretario del Gobierno de Guanajuato. Con él se halló la venta de una empresa familiar llamada «Botas San Diego» que fue comprada por el empresario Francisco isidro González Espejel, posible persona vinculada con el fiscal de la entidad.

Esto llevó a que la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontrara otras transacciones comerciales en las que se detectó la dispersión de fondos en múltiples transacciones efectuadas en montos pequeños, denominados «operadores pitufos», lo cual podría considerarse como indicio de lavado de dinero o evasión fiscal.

Bajo este descubrimiento es que la UIF pidió congelar las cuentas bancarias del empresario quien ya promovió un juicio de amparo ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato, que tiene el expediente 245/2020, con el argumento de injusta intervención de las autoridades.

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