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Claudio X. González deja la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción

Foto: Cuartoscuro

Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad anunció que Claudio X. González Guajardo deja la presidencia de la organización para enfocarse en la “acción colectiva entre ciudadanos”, por lo que dejará la dirigencia en manos de María Amparo Casar, con quien la fundó y encabezó durante los últimos cuatro años. Esto siendo que el llamado “empresario-activista” ha sido identificado como uno de los principales detractores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El doctor Claudio X. González ha tomado la decisión de separarse de la institución para dedicar el tiempo que viene a fomentar la sinergia y acción colectiva entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos interesados en preservar y procurar las condiciones normativas institucionales de la democracia y el Estado de Derecho. Esta nueva tarea de vinculación que se ha propuesto requiere de una dedicación de tiempo completo”, publicó Casar en una carta abierta.

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González Guajardo, hijo del empresario Claudio X. González Laporte, ha sido señalado por el primer mandatario de encabezar la oposición a su gobierno. Acusando a la organización que llama ‘Mexicanos a favor de la Corrupción’ de orquestar campañas mediáticas en su contra, así como lo ha responsabilizado de “sabotaje legal” al interponer un gran número de amparos contra obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.

Ya en abril de 2017, en la antesala del proceso electoral que culminó con la victoria de López Obrador en 2018, González Guajardo renunció a la presidencia de Mexicanos Primero. Organización que encabezó durante casi una década y desde donde la iniciativa privada impulsó la reforma educativa que se concretó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso llegando a producir el documental ‘De Panzazo’, presentado por Carlos Loret de Mola.

En la misiva, la nueva titular única de Mexicanos contra la Corrupción recuerda como González Guajardo y ella fundaron la organización en 2016 con el objetivo de “elevar la conciencia de autoridades, empresarios y ciudadanos sobre los dramáticos niveles de corrupción, impunidad y ausencia de Estado de Derecho en nuestro país”. Contando con direcciones de investigación periodística, investigación aplicada, litigio estratégico y de comunicación y movilización.

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Durante estos cuatro años, Mexicanos contra la Corrupción publicó investigaciones como la primera hecha en torno al caso de corrupción en la compra de Agroitrogenados, uno de los cuales por los que hoy se encuentra detenido Emilio Lozoya. También, documentó la denominada ‘Operación Zafiro’ sobre los desvíos de recursos públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional, lo que llevó a la captura de César Duarte.

Por otro lado, la organización también ha denunciado actos de corrupción en el actual gobierno. En julio de 2019, un reportaje sobre adjudicaciones directas en la compra de medicamentos llevaron a la renuncia de Carlos Lomelí como ‘superdelegado’ de López Obrador en Jalisco. Mientras que en julio de este año documentaron la compra con sobrecostos de equipo médico en mal estado al hijo de Manuel Bartlett, quien a la postre fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.

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Nación7 mins ago

Inai investigará divulgación de datos personales por publicación de documentos sobre pensión de Pemex a Ma. Amparo CasarEl Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que investigará la divulgación de datos personales de diversas personas por la publicación de documentos sobre una pensión de Petróleos Mexicanos (Pemex) dada a María Amparo Casar Pérez. Esto luego de que el gobierno federal publicara los documentos del expediente con el cual la empresa paraestatal está buscando recobrar 31 millones de pesos cobrados por ella, alegando que obtuvo el beneficio ilegalmente al falsear la causa de muerte de su cónyuge. A través de un comunicado, el Inai informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso “Márquez Padilla”. Al respecto, precisó que estos fueron publicados por la Oficina de la Presidencia de la República, el viernes 3 de mayo. Esto luego de que compartiera un link de acceso a estos en redes sociales oficiales del gobierno federal. El instituto presidido por Adrián Alcalá Méndez argumentó que, de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones. Por ende, dijo, está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad. “El INAI advirtió que los documentos publicados contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos a la LGPDPPSO. A la par de la investigación de oficio, el Instituto se mantiene atento a las denuncias que pudieran presentar las personas afectadas por la difusión de sus datos personales, a fin de iniciar los procedimientos correspondientes”, redactó. Durante la ‘mañanera’ del viernes, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, detalló que el 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de la Administración de la paraestatal, falleció tras su caída desde el piso 12 del edificio A de Pemex. Derivado de ello, María Amparo Casar Pérez, solicitó a Pemex 1) el pago de seguro de vida; 2) ayuda de gastos funerarios; 3) pensión postmortem a favor de sus dos hijos, misma que cubrió hasta que cumplieron 25 años; y 4) la pensión postmortem a favor de ella por aproximadamente 124,948 pesos mensuales Sin embargo, el ingeniero tabasqueño sostuvo que aunque tales beneficios le fueron concedidos, esto no tuvo que haber sido así, puesto que el acaecimiento del funcionario no fue un accidente de trabajo sino un suicidio. A la par, indicó que dicho dato está fundamentado en el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal entregado por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX). Asimismo, Romero Oropeza aseguró que como antecedente se sabe que Casar Pérez y el escritor Héctor Aguilar Camín acudieron con el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, y le pidieron que no se pusiera en el dictamen que fue suicidio el que cometió su cónyuge, sino accidente para obtener la pensión. Sin embargo, dijo que aunque este no cedió y los documentos confirmaron que Carlos Fernando Márquez Padilla García se quitó la vida voluntariamente, funcionarios de Pemex desestimaron ese dato para que procediera la petición de la titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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