SFP niega nuevos contratos del gobierno con Carlos Lomelí citados por ‘Reforma’

La Secretaría de la Función Pública (SFP) niega que una de las empresas de Carlos Lomelí, ex ‘superdelegado’ de Jalisco, haya recibido contratos como el día de hoy aseguró un diario de circulación nacional. 

La SFP señaló esta tarde que es falso que la empresa Laboratorios Solfrán S.A. que logró contratos por hasta 128.6 millones de pesos durante la compra de medicamentos que en diciembre realizó la Secretaría de Hacienda como hoy publicó el diario Reforma.  

La Secretaría argumenta que desde el pasado 14 de enero de 2020 se suspendió la contratación de 3 de las 4 partidas que ganó la empresa de Carlos Lomelí a través del Órgano de Control en la SHCP y que a la fecha no se ha celebrado ningún contrato de esas tres partidas dado que se encuentran actualmente bajo investigación por su adjudicación.  

Además, la SFP menciona la afirmación de que Laboratorios Solfrán “eludió la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública” es errónea dado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no ha resuelto el fondo del asunto, es decir, que sea nula la sanción contra la empresa mencionada. 

Asimismo, calificó de falsa la consigna hecha a la SFP respecto a que habría desistido en la presentación de pruebas para reservar la inhabilitación contra Carlos Lomelí argumentando que esa institución presentó sus argumentos en los plazos legales ante la Sala Regional en Durango. 

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Finalmente, la secretaría encabezada por Irma Eréndira Sandoval se defendió del reportaje añadiendo que la medida cautelar que otorgó la Sala Regional de Tribunal únicamente aplica mientras se resuelve definitivamente 

De acuerdo a Reforma, la empresa de Carlos Lomelí había logrado contratos hasta por 128.6 millones de pesos durante la pasada compra de medicamentos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el mes de diciembre pese a que esta era una de las empresas del ex delegado federal jalisciense que desde septiembre de 2019 había sido inhabilitada por la SFP tras considerar que este había incumplido la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La inhabilitación dictada fue de 2 años y medio a fin de negarle la posibilidad de ganar contratos de la Administración Pública Federal, castigo al que se añadió una multa de millón 51 mil 500 pesos.