Segob y SRE aceptan recomendaciones de la ONU en materia de desaparición forzada

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptaron las recomendaciones que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo para atender su materia de estudio. Esto luego de que hoy fuera publicado el informe sobre la situación de este delito en México, mismo en el cual indican que la impunidad en la comisión del mismo es casi absoluta.

En un comunicado, la Segob y SRE agradecieron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU su trabajo y aseguraron que recibirán sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe.  De manera precisa, señalaron que será la primera de ellas la que,  a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, coordinará los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las sugerencias para atender esta problemática.

«La visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional», señalaron las secretarías en un comunicado conjunto.

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En este posicionamiento, el gobierno federal presumió que durante su estancia, el comité les agradeció su apoyo y apertura. Asimismo, mencionó que les reconoció los avances normativos institucionales y jurisprudenciales como la adopción dela Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley General de Víctimas; la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; o la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otros.

En tanto, destacaron de entre las recomendaciones la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas en México; las prioridades para atender dicha política y condiciones para que sea efectiva; fortalecer las instituciones nacionales y procesos de búsqueda e investigación; remover obstáculos en la judicialización y crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda; reparación con enfoque diferencial; y reconocer el papel de las víctimas.