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Internacional

Los “aliados” de Trump en México, según ‘The New York Times’

Un artículo publicado el 1 de marzo por The New York Times sostiene que se actualmente hay diversos funcionarios mexicanos que están llevando acabo la agenda de inmigración propuesta por el gobierno de Donald Trump y están distribuidos a lo largo de extensos tramos de la frontera a contracorriente de las promesas del gobierno mexicano que propone protección a migrantes y apoyar su búsqueda de una vida mejor.

En el material se señala que estas autoridades han bloqueado el camino de grupos de migrantes en la ciudades fronterizas negándoles el acceso a los puentes internacionales y que puedan solicitar asilo en Estados Unidos, además de interceptar a menores no acompañados antes de que lleguen a territorio de la Unión Americana y administrando listas de solicitantes de asilo a nombre de las autoridades estadounidenses para limitar el número de personas que cruzan la frontera.

Sumado a esto y rompiendo décadas de prácticas de asilo, el gobierno mexicano ha recibido a más de 120 hombres, mujeres y niños provenientes de Estados Unidos y que llegan a Tijuana, en espera de la resolución de su solicitud de asilo.

De acuerdo con los autores, estos funcionarios han definido que estas decisiones son parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar un conflicto mayor con Donald Trump, y no poner en riesgo otros aspectos de la relación entre ambos países.

Según la consulta Mitofsky, Andrés Manuel López Obrador ha aumentado en tres meses su popularidad con acciones como elevar salarios, poner en venta lo ostentoso del anterior gobierno, abrir al público la Residencia de Los Pinos y otras acciones que han elevado al mandatario en la aprobación de México.

Pero aún faltan cosas por definir: por ejemplo los protocolos de protección al migrante, la política de la administración de Trump para exigir que los solicitantes de asilo permanezcan en el lado mexicano de la frontera mientras esperan las decisiones sobre su destino contrapuesto a lo que dijo al inicio de su administración López Obrador al mencionar que no cooperaría con la agenda antimigratoria de Trump.

The New York Times señala que para los mexicanos el destino de los migrantes pasa a segundo plano por debajo de preocupaciones diarias como el empleo, la seguridad, la salud, economía y la corrupción, prioridades que el gobierno ha tenido al frente durante el primer trimestre de «la cuarta transformación».

También en La Hoguera:

«México continúa desempeñando el papel que Estados Unidos cree que debería, que es contener la afluencia de migrantes, punto», dijo Melissa Vertiz Hernández, Coordinadora de el Grupo de Trabajo sobre Política de Inmigración, en pro de los derechos de los migrantes.

Este delicado equilibrio con Estados Unidos pone al gobierno mexicano en un panorama tambaleante en el que no hay una política de inmigración clara y que obliga a los estados y municipios mexicanos vecinos a la frontera a asumir una posición de defensa bajo la presión de sus homólogos estadounidenses.

En Reynosa, Tamaulipas, casi nadie logra cruzar el puente para pedir asilo en McAllen, Texas, debido a que la frontera mexicana bloquea el paso de los inmigrantes que terminan optando por cruzar o intentar cruzar en otras ciudades.

En Piedras Negras, se detuvo a un centenar de migrantes que llegaron junto a una caravana y fueron puestos en vigilancia en un refugio con acceso limitado a personas externas. Ciudadanos de la localidad se manifestaron públicamente y el centro fue cerrado provocando que los inmigrantes fueron transportados en autobús a otra ciudades cerca de la frontera.

Por otro lado el alcalde de Ciudad Juárez ha amenazado con demandar a un gobernador vecino por iniciar una campaña para enviar migrantes a su ciudad, haciendo de esto un juego de papas calientes con personas que buscan asilo y el «sueño americano».

Del otro lado de la frontera, el 14 de febrero la organización civil American Civil Liberties Union, Junto a otros grupos de defensa, presentaron una demanda en contra de la política administrativa de Trump a nombre de 11 a solicitantes de asilo que fueron repatriados a México, acusados de violar leyes federales internacionales de migración y derechos humanos por Trump.

«No tengo idea de cómo voy a sobrevivir», dijo Yanira, una inmigrante de El Salvador de 34 años que temía ser perseguida por las personas a las que dijo que huía en su país de origen.

Yanira dijo que se fue de El Salvador con sus tres hijos, de 8, 11 y 12 años, después de que una pandilla local trató de reclutar a su hija mediana y amenazó con violencia a menos que él aceptara.

Cuando ella volvió a pisar tierra mexicana después de que los oficiales estadounidenses la condujeran de regreso a la frontera, se derrumbó.

«Lloré y lloré», recordó.

Las autoridades mexicanas no se dan abasto con los refugiados y la atención a las personas que retornan además de que los grupos comunitarios en Tijuana se han visto bajo una presión por la continua llegada de migrantes que viajan en caravanas y que llevan a los centros más allá de su capacidad.

Las familias que han sido retornadas tendrán su primera cita en la corte de Estados Unidos a finales de marzo pero no es seguro su futuro.

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