Judicatura suspende a secretario del juzgado que liberó a ‘El Mochomo’

El Consejo de la Judicatura Federal suspendió por 6 meses al secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el penal de ‘El Altiplano’, Estado de México como parte de las investigaciones por la liberación de José Ángel Casarrubias, ‘El Mochomo’, identificado como líder del cártel de Guerreros Unidos y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

“La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencias, encubrimiento, entre otras. Dicha resolución se toma en el contexto del auto de libertad del caso de José Ángel ‘C’”, lee el comunicado oficial emitido por el Consejo de la Judicatura que preside Arturo Zaldívar, también titular de la Suprema Corte de Justicia.

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El documento también aclara que “la presente suspensión del servidor público no prejuzga su culpabilidad y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito”. Defendiendo que, mientras el Poder Judicial consta de un gran número de funcionarios honorables, no se permitirá que el actuar de manera corrupta o injusta vulnere su autonomía.

La investigación por posibles actos de corrupción al interior del Poder Judicial en la liberación de ‘El Mochomo’ inició luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó públicamente que hubo dinero de por medio. Posteriormente, el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia interna al respecto, a lo que se sumó una segunda denuncia por parte de la Fiscalía General de la República, interpuesta el día de ayer.

La FGR incluso difundió los audios en los que la madre de ‘El Mochomo’ negoció con miembros del Poder Judicial para que se le otorgara la libertad a su hijo. Mientras que el primer mandatario señaló que una jurisprudencia de la Suprema Corte habría impedido esto, solicitando a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que notificara al ministro Zaldívar. Quien respondió diciendo que dichos criterios se hacen públicos de manera semanal.

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