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Documentó PGR saqueo millonario con Murillo Karam

Documentó PGR saqueo millonario con Murillo Karam
Foto: Cuartoscuro

De abril de 2013 a diciembre de 2014 la Visitaduría de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, gastó 144 millones 586 mil 662.11 pesos únicamente de la partida 33701, denominada “Gastos de Seguridad Pública y Nacional (GSPN)” —la cual utilizaba como “caja chica”—, monto del cual el 70.9%, equivalente a 102 millones 519 mil 297.00 pesos, no fue justificado.

De acuerdo con una investigación que la propia PGR realizó y de la cual La Hoguera posee una copia, los responsables de la ejecución de los recursos de la partida para GSPN fueron la entonces visitadora general, Lidia Noguez Torres, el coordinador administrativo Jaime Luna Ángeles, y el director de Recursos Financieros de la Visitaduría General, Luis Lagarde Vázquez, funcionarios que tenían bajo su poder el manejo de las cuentas 04056023666 (2013) y 04057066177 (2014) del banco HSBC, creadas ex profeso para recibir los ingresos depositados por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la procuraduría.

A través de esas cuentas, la Visitaduría recibió 144 millones 586 mil 662.18 pesos para la operación de supuestas “investigaciones especiales y prioritarias” que necesitaran disponer de recursos de manera inmediata para llevarlas a cabo. Esta recepción de dinero se obtuvo a través de 39 depósitos que iban de los 32 millones 040 mil 060 pesos a los mil 400.10 pesos, misma cifra que fue retirada mediante 229 operaciones, de las cuales 28 fueron por depósitos a otras cuentas y 201 en efectivo.

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Estos últimos, en efectivo, fueron recogidos personalmente por el director de Recursos Financieros, quien se presentó 18 veces en las sucursales de HSBC para cobrar, a través de cheques, 97 millones 845 mil pesos en 20 transacciones, es decir, el 67.6 por ciento del dinero total retirado de las cuentas donde se depositó el recurso oficial proveniente de la Hacienda Pública.

Los 20 cheques cobrados por Luis Lagarde Vázquez —con números de control 108, 118, 128, 143, 154, 171, 175, 184, 101, 117, 133, 159, 173, 185, 200, 236, 248, 268, 269 y 270— fueron pagados en un lapso de tiempo de 20 meses, del 21 de mayo de 2013 al 15 de diciembre de 2014, uno por un monto de 5 millones 800 mil pesos, otro por 5 millones 300 mil, un tercero por 5 millones 200 mil, en seguida uno por 5 millones 100 pesos y después cobró nueve por una cifra de 5 millones cada uno.

Asimismo, hizo un retiro por 4 millones 900 mil pesos, luego otro por 4 millones 845 mil, para después regresar por uno de 4 millones 800 mil pesos, seguido de otro de 4 millones 700 mil, luego uno más de 4 millones 500 mil pesos y finalmente dos más, uno por 4 millones 200 mil y el otro por 3 millones 500 mil pesos. Montos que en total alcanzaron la cifra de 103 millones 911 mil 655.19 pesos retirados en efectivo si sumamos los 181 movimientos restantes con un promedio de retiro “relativamente bajos” de menos de 700 mil pesos y que en conjunto acumularon 6 millones 66 mil 656.19 pesos.

LOS VÍNCULOS CON PEGASUS

Mientras tanto, los retiros hechos a través de depósitos a otras cuentas bancarias se refieren a las realizadas principalmente a siete empresas con las que la entonces Procuraduría mantenía contratos por prestación de servicios y a las cuales les entregaron 40 millones 341 mil 487.57 pesos y entre las que destacan Balam Seguridad Privada que recibió 32 millones 863 mil 720.92 pesos por parte de la Visitaduría, y Geseco que obtuvo 2 millones 081 mil 794.00 pesos, ambas empresas involucradas en la compra del malware de espionaje ‘Pegasus’ que fue usado en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para observar los movimientos de sus adversarios políticos, así como a periodistas y activistas.

Pero las firmas empresariales no son las únicas que recibieron transferencias electrónicas, sino que también existe constancia de que seis personas, funcionarias entonces, fueron beneficiadas con transacciones de dinero por un total de 292 mil 896.35 pesos y entre ellas se encuentran la entonces directora de Área de Desaparecidos de la Visitaduría y actual diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Margarita López Pérez, con un monto de 223 mil 152.23 pesos; seguida de Luis Lagarde Vázquez —el que hizo todos los retiros en efectivo— con 22 mil 84.18 pesos, y hasta la visitadora general y ahora recién nombrada —18 de junio de 2022 a propuesta del exgobernador priísta Omar Fayad— integrante de la Judicatura del estado de Hidalgo, Lidia Noguez Torres, con 16 mil 478.35 pesos.

OPERACIONES IMCUMPLIERON EL PROTOCOLO

La investigación —que se realizó a partir de revisar 637 folders— reveló que de todos los recursos ejercidos por la Visitaduría durante 2013 y 2014 bajo el mando de Murillo Karam, actualmente bajo custodia en el Reclusorio Norte imputado por los delitos de tortura, desaparición forzada y administración de la justicia, aún en septiembre de 2022 sigue sin comprobarse el uso de 102 millones 519 mil 297 de pesos, pues aunque este dinero podía disponerse de una forma “fácil” para dar rapidez a las presuntas investigaciones que realizaban en todo el país, sí existía un procedimiento para justificar su uso, pues de acuerdo con el Manual que rige esa partida, se tenía que anexar evidencia como notas de pago, facturas, contratos que justificaran la erogación.

Pero al no contar con esos documentos, los encargados de los casos que supuestamente se estaban investigando debían llenar unas formas llamadas: carátula general, registro de gastos de seguridad nacional, acta circunstanciada e informe confidencial, documentos en los cuales debían asociar el número de la investigación que hacían, desglose de los gastos, un relato como “justificante” del uso de recursos, el porqué no tenían un comprobante y finalmente un escrito donde narraran las actividades desempeñadas durante las operaciones o diligencias. Todas estas aprobadas y firmadas por la visitadora general Lidia Noguez Torres, Luis Lagarde Vázquez y Jaime Luna Ángeles.

La totalidad de estos requisitos eran colocados bajo resguardo y eran catalogados como información “confidencial y reservada”, de modo que no se podían abrir en por lo menos 12 años según se lee en uno de los documentos. Dichas especificaciones también incluían un resumen donde se aseguraba que el expediente contenía la “documentación probatoria del ejercicio del gasto”, pero que en algunos casos al revisarlos se encontraron recortes de periódico o simplemente estaban vacíos. Además de que “no contiene fecha específica, sólo mes y año, y tampoco tiene el nombre ni la firma de algún servidor público del VG (…) que pudo haber estado relacionado con la ejecución de los recursos”.

En dichas actas circunstanciadas con las que se buscaba comprobar el gasto del recurso público por los más de 102.5 millones de pesos destaca que 8 millones 77 mil fueron utilizados para pagar “informantes”; 2 millones 367 mil 557 pesos por “gratificaciones extraordinarias por apoyo en funciones especiales (a servidores público) / colaboradores especiales”; 28 millones 085 mil 625 pesos por “operaciones encubiertas”; 57 millones 390 mil 115 en “gastos de investigación”, y 6 millones 384 mil en “apoyo a víctimas”.

Sin embargo, la indagatoria concluyó que los elementos descritos en las actas no dan cuenta de dónde y por quién fueron ejercidos los recursos públicos asignados en la partida 33701 a la extinta PGR de Murillo Karam.

“Derivado del análisis de la documentación consultada (…) es posible concluir que para comprobar 70.9% de los gastos ejercidos, es decir, $102,519,297.00 (ciento dos millones quinientos diecinueve mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 MN), únicamente se cuenta con un acta circunstanciada en la que no obran constancias que permitan concluir si los gastos se aplicaron o no en investigaciones de la Visitaduría General, de acuerdo con lo establecido por el manual”, concluye.

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