Cumplimiento de ley no debe estar sujeto a consulta popular: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, donde señaló que para que se cumpla la ley no debe estar sujeto a una consulta o a una decisión popular.

A través de un comunicado, la confederación lamentó la decisión tomada por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la consulta popular en relación con la investigación y enjuiciamiento de expresidentes de México, ya que los órganos públicos deben ejercer sus atribuciones con base en elementos objetivos y sin consideraciones de ninguna especie.

«En nuestra opinión el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales, que proponía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos fundamentales que consagra la Constitución», señaló.

Asimismo, destacó que muchos juristas consideran que la consulta se ubica en el supuesto desvío de poder, que estaba previsto en la jurisprudencia internacional, por lo que implica una violación al artículo 13 Constitucional, el cual es relatico a los llamados tribunales especiales, además de al principio de taxatividad penal.

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En ese sentido, la Coparmex aclara que la consulta es contraria a lo que se había previsto en el artículo 35, fracción VIII inciso 3 de la misma Constitución, la cual es inherente a la violación de los derechos de las víctimas y los indiciados, así como también vulnera la Convención de Naciones Unidas en materia de combate a la corrupción, donde implica un derroche de recursos económicos que son innecesarios.

«Además la consulta implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en momentos en que las acciones de gobierno requieren atender en forma prioritaria otras necesidades de la población», aseguro la confederación.

Finalmente, aclaró que su posición con respecto a la consulta es irreductible en el fortalecimiento del estado de derecho, por lo que respetan la decisión adoptada por la Suprema Corte, sin embargo, discrepan del criterio que fue adoptado por la mayoría de los ministros.