Comisión Permanente exige dejar sin efecto “Ley Bonilla”

Por medio de un acuerdo en el que estuvieron involucrados todos los grupos parlamentarios, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige al Congreso de Baja California dejar sin efecto la “Ley Bonilla”.

Por medio del acuerdo se espera que el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, tenga una administración hasta 2021 y no hasta el 31 de octubre de 2024, como lo establece la reforma conocida como “Ley Bonilla”

Para que lo anterior ocurra, el Congreso y los ayuntamientos de Baja California deben dejar sin efecto el Decreto número 112, de la reforma a la Constitución Política del estado, el cual fue aprobado el 8 de julio de 2019.

La Comisión Permanente solicitó que la “Ley Bonilla” sea derogada “para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal”.

Hoy por la mañana se dio a conocer que legisladores de distintos grupos parlamentarios presentarían un punto de acuerdo para exhortar al actual gobernador de Baja California, Francisco, ‘Kiko’, Vega, a utilizar todos los medios a su alcance para que no publicase la reforma que permite ampliar el mandato de Jaime Bonilla.

En conferencia de prensa conjunta declararon que la “Ley Bonilla” era un atentado contra la democracia y las instituciones democráticas.

Reacciones

Antonio García Conejo, senador del PRD, señaló que la reforma aprobada por el Congreso de BC atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.

Carlos Alberto Puente Salas, diputado del PVEM, advirtió que en caso de que entre en vigor la reforma, impulsará una acción de inconstitucionalidad, al tiempo de promover un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado.

María Rosete Sánchez, diputada por el PES, calificó la aprobación de ese decreto como “una aberración jurídica con la anuencia del Gobernador”, es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años, no por cinco como se pretende ampliarlo.

Nancy de la Sierra Arámburu, senadora del PT, puntualizó que es una “sucia maniobra” ya que aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores.

Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, señaló que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, en un país con una larga historia de fraudes electorales y de privilegios, ya que “significa apostar por una regresión autoritaria”.

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, indicó que toda su bancada confía en que este Punto de Acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a BC.

“Si la boleta dice dos años esos serán, si dice seis también”, recalco.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, interpretó el actuar del Congreso de Baja California como la antítesis de la democracia, “el acto realizado por el Congreso del estado es la antítesis de la democracia, es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático» precisó.

Raúl Bonifaz, diputado por Morena, señaló que ampliar el mandato del gobernador de BC va en contra del Pacto Federal. Aseguró que de presentarse una controversia constitucional Morena la respaldaría.

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