CNDH exhorta al Senado a nombrar al fiscal Anticorrupción

En el marco del día internacional anticorrupción, la CNDH exhortó al Senado a concretar la implementación del Sistema Anticorrupción, especialmente ante la designación del fiscal encargado del área especializada en dicho flagelo ante la gravedad de los problemas que este representa.

Mediante un comunicado, la CNDH llamó al Senado de la República a realizar el proceso de selección del fiscal Anticorrupción, el cual ha estado pendiente desde el año 2016 cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y cuyo nombramiento se atrasó debido al inicio del proceso electoral presidencial de 2018 y la conformación de nuevos bloques legislativos.

La Comisión ahora presidida por Rosario Ibarra Piedra detalla que si bien de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, ha venido comunicando el descenso del nivel de percepción de corrupción en México, el documento aún mantiene cifras altas como el que 61% de los mexicanos ve un aumento en la corrupción frente al 44% que nota una disminución frente al 6% que en 2017 veía el fenómeno a la baja.

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Además, señala que contar con información sistematizada, un marco jurídico funcional y articulación interinstitucional son esenciales para alcanzar diversas metas que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como el reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces con rendición de cuentas y garantizar el acceso público a la información.

Por ello, instó a que de manera apremiante los gobiernos federal y locales, así como la sociedad civil, las ONG, empresarios, academia y organizaciones internacionales unan esfuerzos respecto a la Plataforma Digital Nacional para realizar las acciones necesarias a fin de permitir su puesta en marcha.

Finalmente, en el posicionamiento la CNDH advirtió que la corrupción es un obstáculo para erradicar la pobreza al desviar los fondos destinados al desarrollo, socavando con esto las capacidades de los gobiernos para ofrecer servicios básicos que se refleja en el incremento de la desigualdad y la impunidad, además de desalentar la inversión y los apoyos extranjeros.