Anticorrupción ha sancionado a más de 4 mil servidores públicos; 53 vinculados a proceso

En los dos años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han sancionado administrativamente a más de 4 mil servidores públicos por diferentes irregularidades.

Durante la conferencia de prensa de la mandataria federal desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que la dependencia a su cargo ha sancionado a 4 mil 193 funcionarios por otorgar y/o autorizar pagos indebidos, sustraer información resguardada bajo su seguridad, autorizar pagos y servicios que nunca fueron entregados, aprobar compras innecesarias o injustificadas; comprar a mayores precios y por ocultar bienes o porque tuvieron incrementos patrimoniales injustificados. Así como por falsificación de documentos, hostigamiento o acoso sexual.

“Eso es básicamente donde están concentradas las faltas y donde tenemos que poner los énfasis de la de los incumplimientos de los servidores públicos”, indicó.

Detalló que de estas más de 4 mil sanciones impuestas, 3 mil 528 han sido faltas “no graves” y “665 faltas graves”. 

En tanto, la Secretaría de Anticorrupción ha presentado 517 denuncias de servidores públicos ante la Fiscalía General de la República, de los cuales 53 han sido vinculados a proceso. Las principales causas son, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y desvío de recursos, entre otros.

Asimismo, dijo que han enviado a mil 737 servidores públicos que cometieron faltas graves, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) porque aclaró que como Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no pueden aplicar sanciones de faltas graves, sino que únicamente arman el expediente y es el Tribunal el que sanciona. 

De estos mil 737 funcionarios enviados al TFJA, dijo que 87 ya fueron notificados se que fueron sancionados y mil 650 se encuentran en proceso.

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Respecto a las sanciones a particulares a proveedores, Raquel Buenrostro explicó que se han aplicado a 286 personas morales porque han cometido faltas como presentar documentación falsa en licitaciones, porque incumplen sus obligaciones como tener el contrato y no entregan los bienes o servicios en tiempo y forma o simplemente nunca los entregaron.

Además, mencionó que otros han simulado experiencia técnica, dicen que tienen personal calificado y no es cierto o mienten con respecto a la capacidad económica para atender un contrato, mientras que otros ocultan un conflicto de interés.

“Por ejemplo: a veces llegan a licitaciones cuatro o cinco empresas, todas cotizan, cotizan muy alto, y resulta que las cinco empresas son del mismo dueño. Entonces, ocultan el conflicto de interés, porque no está habiendo realmente una licitación, una competencia, sino que es una simulación”, explicó.

De estas 286 empresas sancionadas, dijo que 22 han sido inhabilitadas con multas; a 64 únicamente se les han impuesto multas, pero no se inhabilitaron. Teniendo una imposición de multas por un total de 147 mil 300 millones de pesos.

Dijo también que se han remitido al TFJA a 33 particulares que se han coludido con servidores públicos para tener beneficios, es decir, por incurrir en responsabilidades administrativas, pero sus casos se encuentran en proceso.

En materia de datos personales, dijo que han sancionado a 51 personas particulares que tienen en su posesión estos datos y que las han violentado, a quienes se han impuesto multas por 118.5 millones de pesos.

Explicó que muchas de las faltas administrativas también se han configurado en delitos, por lo que estos casos se envían no solo al Tribunal de Justicia Administrativa, sino también a la Fiscalía General de la República (FGR) para que procedan penalmente contra ellos. Expuso que en lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum, se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos de los cuales 53 han sido vinculados a proceso.

Entre los principales delitos están enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades o operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

CASOS EMBLEMÁTICOS:

Raquel Buenrostro dijo que uno de esos ejemplos es de cuando existía la Policía Federal, en 2015 contrataron un servicio de inteligencia para desarrollar un sistema para servicios de inteligencia que costaba 130 millones de dólares. Se firma el contrato por el monto total, “es un contrato que va por seguridad nacional”. De estos 130 millones que costaba el servicio, se piden 65 millones de dólares, que salen como gastos de seguridad nacional y que presuntamente iban a ser abonados a la totalidad del contrato, pero el contrato no se paga. 

En este caso, dijo que se acreditó abuso de funciones y desvío de recursos por lo que se emitieron de 15 y 20 años de inhabilitación al extitular de la División de Inteligencia y a la exsecretaria general de la Policía Federal. Esto a nivel administrativo, pero también se está pidiendo la reparación del daño que son los 65 millones de dólares. Además de que se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que el caso se encuentra en proceso.

Otro caso emblemático, dijo, está el pago de frijol no entregado. Explicó que en 2025, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifad) contrató servicios de producción y envasado de 2 mil 214 toneladas de frijol por un monto de 80 millones de pesos, del cual se pagó de manera anticipada 73.6 millones de pesos y el servicio nunca se dio. Además de que había irregularidades desde el inicio porque los contratos no se pagan por anticipado, sino hasta que se otorga el servicio.

“El asunto es grave, se remite al Tribunal de Federal de Justicia Administrativa por abuso de funciones y desvío de recursos. En este caso están involucrados nueve servidores públicos y un particular, que es el proveedor y paralelamente también se presenta una denuncia penal. También se encuentra tanto en el tribunal como en la Fiscalía General de la República en su proceso de investigación”, expuso.

Un tercer caso es el del etiquetado de medicamentos oncológicos en el ISSSTE. Sobre ello, explicó que en 2025 se presentó una denuncia porque se observaron a personas que estaban reetiquetando medicamentos oncológicos en un almacén que el ISSSTE había contratado.

“Se ubicaban tanto servidores públicos como gente externa. Gente que era la proveedora de ese medicamento que se estaba haciendo reetiquetado y además las instalaciones eran de un privado, porque es un almacén rentado”, explicó.

Dijo que se presentó la denuncia porque no hay ningún motivo para que estuvieran reetiquentando los medicamentos y mucho menos en un almacén público y sin documentación.

Por ello, dijo que se presentó la denuncia penal contra servidores públicos y al particular y sobre quién más resulte responsable. Mientras que en febrero se ratifica la falta grave administrativa por abuso de funciones y daño patrimonial. Este caso está en el Tribunal por la parte administrativa y por la parte penal en la Fiscalía General de la República. 

“Estos son tres ejemplos nada más, pues hay muchos casos relevantes”, advirtió.