“CED no debió reinterpretar la Convención de Desapariciones Forzadas”: subsecretario de Asuntos Multilaterales

Enrique Javier Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, se sumó a las críticas gubernamentales al informe y proceder del Comité de Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) al analizar el caso mexicano y pedir que se lleve el debate de este en la Asamblea General.

A través de su cuenta de X, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos señaló que el mandato del CED es monitorear la aplicación de la Convención, no el de reinterpretarla. Explicó que dicho documento establece que la “desaparición forzada” se entenderá como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado.

Asimismo, precisó que también se considera que tal delito es cometido cuando personas o grupos de personas actúan de esa manera con la autorización, el apoyo o la aquiescencia estatal. En tanto, mencionó que este escenario debe estar acompañado de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

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El funcionario mexicano planteó que algo similar establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma, ya que entiende a la desaparición forzada de personas:

“La aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

Adicionalmente, Enrique Ochoa señaló que el informe del Comité de Desaparición Forzada representa exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes. En ese sentido, descartó que se trate de un posicionamiento de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General.

Finalmente, mencionó que sus miembros son electos por los 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas. Resaltó que ello es menos de la mitad de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, advirtió que estos deben proceder conforme a las directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros.

Los argumentos planteados fueron una respuesta al «alcance» del informe, publicado por Juan Pablo Albán, presidente del CED, en su cuenta de X. De acuerdo con este último, el comité actuó conforme a lo dispuesto en la convención y es parte del sistema de las Naciones Unidas.