«El desacuerdo del gobierno de México es legítimo, pero la descalificación es cuestionable»: Comité de expertos

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) respondió a las diversas críticas provenientes de gobiernos e instituciones públicas de México ante su reciente informe, en el que señala que tal práctica es generalizada y sistemática en el territorio nacional, por lo que pidió discutir en la Asamblea General medidas a adoptarse.

Juan Pablo Albán, presidente del CED, expresó que el desacuerdo del gobierno de México es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Señaló que las diferencias jurídicas, e incluso políticas, son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte.

Sin embargo, consideró fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes. Mencionó que los objetivos comunes deben seguir siendo fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno.

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Asimismo, apuntó que el comité sí forma parte del sistema de las Naciones Unidas. Explicó que se trata de uno de los mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de las Naciones Unidas por los Estados miembros; en tanto, mencionó que su función es supervisar su cumplimiento.

“Los integrantes de los órganos de tratado somos elegidos por los propios Estados partes. Actuamos con independencia, pero no al margen del sistema de las Naciones Unidas”, expuso.

Albán también fundamentó el proceder del Comité contra la Desaparición Forzada. Comentó que el artículo 34 de la Convención establece que, al recibir información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar la cuestión de forma urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General.

Juan Pablo Albán también abordó los señalamientos gubernamentales de que únicamente analizó lo ocurrido en materia de desaparición forzada durante el periodo 2009-2017. Aseguró que la decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones tenidas con el Estado desde 2012.

Como ejemplo, citó que en el párrafo 97 del informe se menciona que el Comité tiene conocimiento de que las personas desaparecidas registradas superan las 132,400 al 19 de febrero de 2026 y no hay indicios de una tendencia a la baja. En tanto, precisó que en el párrafo 100 también se hace alusión a que, de acuerdo con cifras oficiales, se estima la existencia de alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar, en comparación con 52,000 en el momento de la visita del Comité en 2021.