Nación
Ayotzinapa, el exceso en su máxima expresión: Álvarez Icaza
El senador Emilio Álvarez Icaza rememora para La Hoguera el impacto de la desaparición de los 43 estudiantes la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Principalmente para el gobierno de Enrique Peña Nieto y las consecuencias para otras fuerzas políticas.
Quien fuera secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el momento de la tragedia describe el accionar del Estado mexicano, sus fallas y vacíos. A la vez que explica por qué “Ayotzinapa nos duele, nos indigna, nos convoca; y junto con Ayotzinapa los miles de desaparecidos más”.
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El caso Ayotzinapa descarriló el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué tuvo tanto impacto la desaparición de los 43 estudiantes?
Fue la gota que derramó el vaso. Había ya miles de desaparecidos en México, había un clamor grande, había pasado un Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con Javier Sicilia y miles de víctimas más.
Pero que desaparecieran a un grupo de estudiantes pareciere ya el colmo de los excesos. Se junta entonces un fenómeno de dolor acumulado, de impunidad exacerbada y un caso que llega a un grupo de estudiantes marginados de una zona rural pareciera como el exceso en su máxima expresión.
Por la misma condición de estudiantes marginados de una zona rural parecería que el gobierno no le dio la importancia suficiente al caso.
De inicio se intentó encapsular como un problema local. Problema de Iguala, problema de la normal, problema de Guerrero. Pero la dimensión que tomó fue justo por el carácter representativo, paradigmático, y la manera en que tardó en procesar el gobierno federal lo llevó a asumir una responsabilidad.
Innegable también el costo para los gobierno locales. En Guerrero prácticamente desaparecieron los poderes. Se incendiaron edificios públicos. Innegable también el costo para la fuerza política que llevó a esos gobiernos, en particular al PRD.
También por la forma en que lo procesaron, representó la salida de muchos de sus liderazgos y eventualmente también el quiebre político del PRD. Pero la responsabilidad de Estado acabó siendo claramente del gobierno federal de Enrique Peña Nieto.
Usted estuvo en la CIDH y colaboró con el GIEI. ¿Hubo disposición de la PGR o simplemente no se investigó a fondo?
Mi trabajo, como secretario ejecutivo de la CIDH, consistió en ayudar a construir el acuerdo para que el GIEI pudiera trabajar. La Comisión intervino a partir de una medida cautelar. Dicho sea de paso, fuimos el primer organismo de Derechos Humanos que emitió una medida cautelar. Incluso más rápido que los organismos nacionales.
El mecanismo de intervención fue un mecanismo extraordinario que buscaba no solo atender el caso sino la causa. Porque ya se tenía en el radar el problema estructural de la violencia en México, en particular de las desapariciones forzadas.
Empezó un gran espíritu de colaboración y cooperación que poco a poco se fue cerrando hasta generar una condición política operativa y administrativa insostenible para que continuaran el trabajo los expertos.
Yo no participé directamente en la investigación para dejar a salvaguarda las atribuciones de la Comisión, pero los expertos sí. Dieron dos informes, hicieron una serie de recomendaciones y al final no tuvieron ni acceso a los expedientes.
Hubo una campaña de desprestigio. El gobierno mexicano no salió con la fuerza y la entereza que se necesitaba para parar esos ataques en cumplimiento de los acuerdos. Incluso se les propuso que saliéramos juntos, Comisión y gobierno. El gobierno no lo hizo, salió sola la Comisión. Y el tema terminó siendo el caso paradigmático que significó el quiebre del gobierno de Peña Nieto.
Llegó con mucha fuerza, vinculado a otros casos, a la Casa Blanca, los escándalos de la licitación del tren chino, acabó siendo una crisis de violencia, de violación a los Derechos Humanos. Una crisis ética y terminó en una crisis política y crisis de confianza. Ahí estuvo grandemente el quiebre.
La verdad es que es increíble. Poco después supimos, por ejemplo, que en lugar de destinar recursos públicos a nuestros muchachos, destinaron miles de dólares a espiar a sus defensores o a periodistas.
Ahí está el caso Pegasus, todavía impune, también Tomás Serón y otros, quienes tendrían que ser investigados por su presunta responsabilidad en casos de tortura u otras responsabilidades. No sabemos ni siquiera de un procesado por el caso de Pegasus, ni un procesado por la fabricación de culpables y, lo más lamentable, es que no sabemos dónde están esos chicos.
Hay evidencia científica, empírica, de que el incendio de Cocula no es la explicación para saber dónde están esos chicos. El equipo argentino de médicos forenses lo ha dicho con claridad, y otros más. Seguir argumentando el tema de la verdad histórica, pues no nos da para entender lo que ha pasado.
Cuatro años después seguimos sin saber. Lo que sí sabemos es que ese día hubo nueve hechos de tiro, hubo corporaciones de seguridad del Estado mexicano donde todas estuvieron enteradas. Es increíble que la capacidad del Estado mexicano no de como para saber dónde están los chicos y sí para espiar a sus defensores.
Parece que no hay avance, tomando en cuenta temas como la Comisión de la Verdad o las intervenciones de la ONU. Como senador, ¿qué se podría hacer para cerrar el caso?
Es increíble la capacidad que ha puesto este gobierno para obstaculizar el caso. En lugar de apoyar la Comisión de la Verdad la ha atacado. En lugar de fortalecer las investigaciones las ha aletargado. Pareciere la voluntad no querer saber, la voluntad de querer esconder.
Es realmente increíble. Por eso el caso Ayotzinapa nos duele tanto. Porque lo que ha venido significando es algo muy cercano a una simulación. Tenemos dos opciones: aceptamos el hecho de que hay una estructura incapaz o aceptamos el hecho de que nos están engañando. Cualquiera de las dos opciones es mala.
Perdón pero yo no me siento satisfecho y acompaño con todas mis fuerzas al reclamo absoluto, legítimo, de los padres de saber dónde están sus hijos. Que representa no solo Ayotzinapa sino miles más. El fenómeno de los desaparecidos nos agravia todas las semanas. En Veracruz se encuentran cuántos cráneos en fosas, en Jalisco cuántos cadáveres pasean en tráileres, la locura.
Esa locura no puede ser. Yo espero desde el Senado no solo seguir insistiendo en los cumplimientos y acompañar a las víctimas, sino impulsar. Yo creo que la opción más viable sería que volviera el GIEI. Lo espero del nuevo gobierno, que ha dado señales de entendimiento, de sensibilidad.
Entiendo que el GIEI está ahora en México. No sé si es su voluntad regresar, pero lo que sí sé es que las familias de los jóvenes desaparecidos depositaron en ellos la mayor confianza y credibilidad. Creo que podrían ayudar a acelerar el caso.
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