ASF reporta irregularidades en reconstrucción de los sismos de 2017

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) señaló que no hay garantía de que los donativos recibidos por los sismos de septiembre de 2017 fueran entregados en su totalidad para la reconstrucción de los inmuebles afectados. Esto es lo que se relata en el análisis de la Cuenta Pública 2018 que fue presentada el día de ayer en la Cámara de Diputados.

En el documento se menciona que como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, “la ASF auditó la reconstrucción o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas, por los daños ocasionados por las afectaciones provocadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales”.

Como producto de este trabajo, se llegó a la conclusión de que el Estado no garantizó que fueran entregados los donativos en beneficio de la población damnificada ya que no hubo un mecanismo transparente y efectivo para su administración, control, distribución y supervisión como lo mandata la Ley General de Protección Civil (LGPC).

La Auditoría también señaló que las secretarías que integran el Consejo Nacional de Protección Civil no estableció las bases ni lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los recursos para atender las afectaciones del fenómeno natural puesto que en lugar de ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió solo el Comunicado 185 para facilitar la operación del fideicomiso “Fuerza México” para canalizar las aportaciones por los sismos, sin que justificara, fundamentara y motivara esa decisión.

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La ASF también denunció en el apartado del informe que tal fideicomiso operó bajo una regulación y supervisión limitada de la Comisión Nacional Bancaria dada la falta de un marco legal perteneciente a esta última para regular casos donde el fiduciario fue la entidad pública Nacional Financiera y el fideicomitente fuera la iniciativa privada.

La crítica al manejo transparente de los recursos de dicho fideicomiso no para ahí, dado que la Auditoría señala que con la información pública disponible al 29 de mayo de 2019, por parte del Servicio de Administración Tributaria, se entregaron a las donatarias autorizadas 5,083.0 mdp; sin embargo, no se precisó el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México ni el desglose de los efectos fiscales por las deducciones aplicables.

Por su parte, también se menciona que la Secretaría de Relaciones Exteriores, no realizó un registro de los donativos internacionales pese a que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID) deberán quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

No obstante, a través de notas diplomáticas se identificaron donaciones en especie de 12,267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos; en apoyo técnico, 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y en dinero, 3,234,169.5 dólares americanos, 48,494.0 euros, 20.16 mdp y 600,000.0 dólares canadienses

Por último, la ASF dictaminó que en relación a la reconstrucción y rehabilitación no se dispuso de información suficiente para acreditar en qué medida fueron ejercidos los recursos mencionados a resarcid los daños provocados en escuelas, unidades médicas y viviendas que se identificaron como afectadas.

En las primeras, se menciona que en el sector educativo de las 19 mil 194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la evaluación de daños en 7,917 escuelas (41.2%), y no documentaron, de manera eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras.

Además, se encontró que el INIFED señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles aunque al momento de la auscultación de la Auditoría no se encontró evidencia que lo acreditara.

De igual manera, mismo resultado se tuvo para los avances reportados por la Secretaría de Salud , mostrando inconsistencias en el proceso de diagnóstico ya que en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) también mostró una situación similar al identificar 172,057 viviendas afectadas mientras que en los programas de obras y acciones la cantidad fue de 168,256. A este hecho se le suma el desconocimiento de si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o rehabilitaron sus viviendas al solo reportar la supervisión de 59,380 viviendas.