Metrópoli
Aseguran en CDMX «objetos para agredir» en el 8M; asociaciones piden no criminalizar la protesta

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó un cateo en un predio de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, lo cual tuvo como resultado el aseguramiento de bombas molotov supuestamente hechas para agredir en las marchas del 8M.
El órgano de justicia de la CDMX señaló que dentro de los supuestos objetos a utilizarse este 8M estaban también cinco puntas, cinco marros, seis petardos y vegetal verde con características propias de la marihuana con un peso aproximado de 18 kilogramos.
Dicho operativo fue justificado señalando que se realizó para proteger a la ciudadanía y en respeto absoluto a quienes participen en las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, dijo que pese a que acudió al lugar personal femenino de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no hubo detenidos.
«Los materiales, considerados peligrosos para la ciudadanía que libremente y de manera pacífica va a manifestarse mañana, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 4», anunció la institución.
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Finalmente, la FGJCDMX informó mediante un comunicado que con estos elementos abriría una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de portación, fabricación o importación de objetos aptos para agredir.
No obstante, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta señaló, en una denuncia en sus redes sociales, que la realidad era que policías habían irrumpido en un domicilio particular donde manifestantes estaban practicando un performance para el 8M. Quien transmitió platicó que en el lugar había 5 o 6 mujeres, así como niños que habrían sido grabados.
Contrario a la versión oficial, detalló que el operativo no había sido realizado por mujeres sino por elementos policiacos varones, lo cual iba contra el protocolo y la misma coyuntura política. Asimismo, denunciaron que les quitaron sus teléfonos celulares tras escuchar cómo se los arrebataron para cortar las llamadas.
Finalmente, solicitó junto al Frente por Libertad de Expresión y Protesta abstenerse de criminalizar la protesta y el activismo de las mujeres.
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