Pide CNDH localizar a familiares de víctimas de San Fernando

La CNDH vuelve a hacer una recomendación por los hallazgos en San Fernando, Tamaulipas durante 2011, cuando se reportó el hallazgo de 48 fosas clandestinas. En esta ocasión, pide a la FGR y al actual gobierno estatal que retomen las acciones necesarias para atender a los familiares y ofrecer sus respectivas disculpas públicas por la violación de sus DDHH.

La CNDH dio a conocer la noche del domingo una nueva recomendación por el caso de San Fernando,Tamaulipas, en 2011, en la que pide a Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, que tome las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas de 2011.

Asimismo, pidió a esta Fiscalía que tras localizar a esas personas, se les brinde atención psicológica y tanatológica de manera efectiva en sus países de origen en los casos necesarios, así como llegar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 57 personas víctimas de desaparición por actos y omisiones del personal tanto de esta como de la PGJ-Tamaulipas.

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Respecto a esta última, la CNDH recomendó el emitir una disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades por las violaciones a DDHH, garantizar, junto a la FGR, la colaboración activa de los familiares de las víctimas.

Finalmente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recibió la recomendación de implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar La Paz y el orden público en el estado, así como capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares.

La Comisión señala que al conocerse los hallazgos de las fosas clandestinas familiares de 57 personas desaparecidas presentaron peticiones de intervención de esta para saber si sus consanguíneos ausentes estaban entre las víctimas encontradas, investigación iniciada por el organismo, pero dificultada por la PGJ Tamaulipas y la PGR.

En el caso de la PJG estatal, señalan que esta institución ignoró las solicitudes de información, mientras que la Procuraduría General de la República si bien permitieron la consulta de la averiguación previa (AP1), sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y entregaron informes incompletos respecto al caso.

Además, detalla la CNDH, la Comisión consultó y seleccionó actuaciones ministeriales relativas a la identificación de las víctimas de 159 tomos de la AP1, no obstante, nuevamente le fueron entregadas parcialmente hasta 6 meses después de haberlas solicitado.

Esta no es la primera recomendación sobre el caso, ya que el 23 de diciembre de 2013 la CNDH emitió la recomendación 80/2013 acreditando la violación de derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes que perdieron la vida el 22 de agosto de 2010, así como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en San Fernando, Tamaulipas, y trasladados a un rancho de esa localidad donde fueron privados de la vida.