ONU condena caso de tortura por caso Ayotzinapa

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los actos de tortura cometidos contra Carlos Canto Salgado por parte de al menos tres individuos, hechos que fueron expuestos a través de un video que diversos medios de comunicación han difundido desde el pasado viernes 21 de junio.

Jan Jarab, delegado representante de la ONU-DH en México, reafirmó la posición del organismo al reiterar el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura, y evocó a la ex presidenta de Chile y Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, quien realizó su primera visita a México entre los pasados 5 y 9 de abril.

«Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, indicó Jarab.

El citado video exhibe a Canto Salgado, detenido por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, con los ojos vendados, maniatado, siendo sometido a asfixia, choques eléctricos, golpes y demás vejaciones al tiempo que es interrogado por funcionarios públicos, de los cuales ya ha sido identificado por su registro de voz Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cargo del que se separó tras confirmarse su participación en el agravio.

El caso de tortura contra Carlos Canto fue documentado por la oficina de la ONU-DH en un informe titulado “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”; en él se indica que Canto fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal Ministerial, hecho que se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 a través de cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con ratificación en febrero de 2017 por vía del informe de seguimiento a la misión en México de Juan Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, la dependencia informó que el de Canto Salgado es sólo uno de entre 34 casos en los que se encontraron sólidos elementos de convicción que indica la Comisión de Actos de Tortura, así como múltiples violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, Jarab denunció que, a pesar de que el Estado mexicano tuvo acceso a evidencias suficientes para comprobar que las autoridades incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos en el caso de Carlos Canto, no procedieron adecuadamente para esclarecer los hechos.

«Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra del Sr. Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente», subrayó.

«Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó el comisionado de Naciones Unidas.

Por lo anterior, la ONU-DH reiteró su llamado al Estado mexicano para que siga las recomendaciones indicadas en el informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», así como para que implemente las medidas correspondientes para garantizar la protección y salvaguardar la integridad de Canto, de sus familiares, y de su abogado defensor.

Por otra parte, destacó que los actos de tortura y otras violaciones en materia de derechos humanos perpetradas por las autoridades mexicanas durante las indagatorias del caso Ayotzinapa «no fueron casos aislados», ni ajenos a la forma en la que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México.

«A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos», enfatizó la ONU-DH, y denunció que dichas transgresiones suceden «bajo el cobijo de la impunidad y la corrupción».

En lo referente a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la ONU-DH conminó a la Fiscalía General de la República (FGR) a: reemprender las investigaciones; descartar de forma definitiva la llamada ‘verdad histórica’, «sostenida indebidamente por la anterior administración» y desacreditada por rigurosos estudios posteriores; excluir la información generada por instituciones públicas «que no abonan a la verdad y la justicia»; así como a prescindir de las pruebas obtenidas mediante formas ilícitas, particularmente la tortura.

«Para lo anterior, es fundamental que se designe a un Fiscal Especial idóneo para el cargo que cuente con el apoyo de la institución y de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento del caso y la rendición de cuentas de los responsables», solicitó Naciones Unidas.

Finalmente, la ONU-DH refrendó su compromiso de brindar asistencia técnica al Estado mexicano para dar seguimiento al caso Ayotzinapa con base en el acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial que la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, realizó a México durante el pasado mes de abril.