Corte invalida paso de la Guardia Nacional al Ejército

Con ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el paso de la Guardia Nacional (GN) al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerar que viola la Constitución.

Durante la sesión pública de este martes 18 de abril, el pleno de la Corte declaró inconstitucional las reformas a los artículos de la Ley de la Guardia Nacional que permitieron que la institución de seguridad pública creada en marzo de 2019 con un carácter civil pasara a estar bajo la tutela del secretario de la Defensa Nacional tanto en lo operativo como en lo administrativo.

Con el voto en contra de las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la mayoría — Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y la presidenta, Norma Lucía Piña Hernández— afirmaron que sería imposible entender que la Guardia Nacional se mantenga como una corporación civil cuando depende y está conformada operativamente por militares.

En el que fue el segundo día de discusión, en su oportunidad el ministro Javier Laynez Potisek —quien dio entrada a una controversia constitucional para suspender la aplicación del Plan B en materia electoral— afirmó que los cambios realizados a las leyes corresponden a “un fraude a la Constitución”.

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El ministro afirmó que con los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley de la Guardia Nacional; a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se hizo realmente una transferencia a la Sedena del “núcleo esencial” de la Guardia Nacional que es el control operativo y administrativo y no solamente la adscripción, además de que se deja en manos de la Defensa la facultad de “nombramiento, normatividad, regulación y disposición de los recursos personales, financieros y materiales”.

«La transferencia de las funciones ya referidas crea, además, esa relación de subordinación jerárquica entre la unidad y el órgano al cual está adscrito, relación que queda suprimida por este decreto respecto a la Secretaría de Seguridad Pública, por ello la transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución», subrayó.

En tanto, en su breve exposición, el ministro Luis María Aguilar, que también votó a favor de la invalidez, dijo estar de acuerdo con el proyecto presentado por Juan Luis González Alcántara porque el traspaso se trata “un sistema con el que se le otorga a la institución de seguridad pública, que debe tener naturaleza, organización, mando y composición civil a uno militar”.

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Precisó que, si bien en otros países las instituciones de seguridad están adscritas a las Fuerzas Armadas, en el caso de México, la discusión se centraba en la constitucionalidad del artículo 21 de la Carta Magna, que establece que las policías serán de carácter civil, y al pasar a la Sedena este elemento se pierde, por tanto “es inconstitucional”.

En su oportunidad, Alberto Pérez Dayán reiteró que las instituciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional, serán de carácter civil, por lo que la reforma al artículo 21 en marzo de 2019 por parte del Poder Legislativo en el que se dio la creación de la institución, dijo, “no deja duda a la interpretación de los textos” porque la vocación de la Guardia es absolutamente clara “no se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”.

Por su parte, Margarita Ríos Farjat quien también votó a favor de la invalidez, dijo que al pasar la Guardia Nacional a los controles de la Sedena, se queda en entredicho el carácter civil con el que fue creado, pese a que se señale que seguirá perteneciendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) porque es esta quien diseña la estrategia de seguridad nacional. “También queda en entredicho su adscripción a la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana”, subrayó.

En tanto, Arturo Zaldívar tomó nuevamente la palabra para argumentar en favor de mantener la Guardia Nacional bajo la tutela de la Defensa Nacional al afirmar que la secretaría no es lo mismo que el Ejército, sino que únicamente un ente administrativo del que depende el Ejército y la Fuerza Aérea, por lo que no es inconstitucional que la Guardia Nacional pueda formar parte de ella sin caer en ser catalogada como militar.

Y tan es así la diferenciación entre la Sedena y el Ejército, dijo, que incluso cualquier civil puede encabezar esta secretaría, porque así lo estipula la ley, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Además, dijo que el entrenamiento que se les da a los elementos de la Guardia es de seguridad pública, no de defensa “contra el enemigo” o de seguridad nacional que esto último sí es la capacitación que reciben militares.

Por otro lado, hasta le dio tiempo de explicar los señalamientos que surgieron en la prensa este lunes luego de su posicionamiento en contra en los que afirmaron que ahora se estaba contradiciendo por estar a favor de que la Guardia Nacional esté bajo la tutela de la Sedena mientras que en 2018 votó en contra de la constitucionalidad de la Ley se Seguridad Interior, pues sostuvo que eran discusiones diferentes y ambas posiciones las mantiene.