UIF busca acuerdo con socios de García Luna; si no se concreta se reiniciará demanda, advierte

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que retirará la demanda en contra de los socios de Genaro García Luna en la trama de corrupción que tejieron con empresas para obtener contratos millonarios de los gobiernos del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, pero afirmó que esta acción no afectará la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública al que la semana pasada condenaron a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano.

La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y encabezada por Pablo Gómez Álvarez, detalló que la ambas partes, solicitaron a la jueza encargada del caso Lisa Walsh, con sede en la Corte del undécimo circuito judicial de Miami, Florida, la continuación del diálogo de negociación, el cual les fue concedido, sin embargo no lograron el acuerdo antes de la fecha señalada, por lo que para continuar con las negociaciones se solicitó el “retiro voluntario de la acción sin prejuicio”.

“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada. Frente a ello, las partes solicitaron a la Jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice)”, subrayó.

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Sin embargo, dijo que la jueza Walsh seguirá vigilando el proceso, por lo que de lograrse el acuerdo le darán vista a ella para que haga cumplir la negociación en los términos que se alcance y dicte la sentencia corresponndiente. Y en el caso de no lograrse el acuerdo en un plazo de 30 días, el Estado mexicano, bajo la representación de la UIF, podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para continuar con el curso procesal del juicio hasta llegar a la sentencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó que este acuerdo con los socios de García Luna “no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio (22 de mayo fecha en que se ordenó el pago de 2 mil 500 millones de dólares)”.

Además, explica que conforme a la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de la Florida, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento por medio de la presentación ante la Corte de una estipulación suscrita por las Partes. Por lo regular, el efecto del retiro voluntario implica terminar el procedimiento  sin  una resolución judicial  de  fondo, pero en  este caso  las partes han solicitado a la Jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia sólo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado. En caso contrario, de no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento.

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De acuerdo con el diario Reforma, el gobierno de México habría pactado con Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, señalados de ser prestanombres de García Luna, un “acuerdo confidencial” para devolver 600 millones de dólares provenientes de contratos públicos que obtuvieron de los dos gobiernos previos al de Andrés Manuel López Obrador.

Para ello, explica el periódico, “ambas partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México».