Adiós a la Corte opositora de AMLO

Entre los pasajes controvertidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el modelo zedillista se encuentra la constante oposición para atajar el proyecto de nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto tanto desde que se perfilaba para ser el candidato izquierdista en la elección presidencial de 2006, con altos niveles de aprobación nacional, hasta cuando por fin logró su arribo a Palacio Nacional en 2018.

La Suprema Corte tuvo su primer encontronazo con AMLO desde que era Jefe de Gobierno del Distrito Federal por la participación del ministro presidente Mariano Azuela en el plan para desaforarlo, acusándolo de violar una suspensión definitiva para construir un camino en el predio ‘El Encino’ para darle conectividad a un hospital. De acuerdo con fuentes periodísticas de la época, el 6 de abril de 2004 este acudió a ‘Los Pinos’ para dialogar del tema con Vicente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, el procurador Rafael Macedo de la Concha y la consejera jurídica de presidencia María Teresa Herrera.

El 24 de septiembre de 2004, Fox Quesada confirmó el encuentro con el ministro, pero sostuvo que fue como parte del diálogo necesario entre poderes públicos y que no se debía pensar que había sido para intrigar, conspirar o complotear contra el mandatario capitalino. Cinco años después, en entrevista para La Jornada, el recien fallecido exministro afirmó que había ido a fin de advertir que había una petición de amparo contra el procurador, ante la inacción de la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si ejercía o no acción penal contra AMLO por violar la suspensión.

Ante tal participación de Azuela Güitrón en el proceso penal en su contra, López Obrador expresó en su discurso ante la Cámara de Diputados, el 7 de abril de 2005, previo a votarse su desafuero:

“Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento (…) Es más, dos días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde, por anticipado, se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna haciéndose pasar por jueces”

Ante la salida política que terminó dando el gobierno foxista al caso de López Obrador, por la presión social reflejada en marchas ciudadanas ante su desafuero, Mariano Azuela, en diciembre de 2005, criticó que se tolerara el «desacato» de AMLO. Ello dado que señaló que el no ejercicio de la acción penal contra el futuro candidato presidencial izquierdista implicaba apartarse de los principios del cumplimiento de sentencias y resoluciones del Poder Judicial, lo cual podía hacer que se multiplicaran las violaciones de suspensiones y se incurriera en inejecuciones de sentencias.

La Corte, oposición al gobierno de AMLO

Ese fue tan solo el origen del conflicto entre López Obrador y el Poder Judicial. Durante su mandato como presidente de la República, tuvo la oportunidad de influir en la composición de la Corte, pero aun así, la Corte fungió como opositor y el último “guardian” de los modelos neoliberales del mercado eléctrico y el sistema electoral, principalmente bajo la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández.

El 22 de junio de 2023, la Corte invalidó parte del «Plan B» de Reforma Electoral lopezobradorista con votos incluso de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. La decisión no fue de fondo, sino de forma, ya que señalaron que el oficialismo había incurrido en violaciones al proceso legislativo al avalar los cambios; en tanto, AMLO acusó de intromisión en el Poder Legislativo por parte del Poder Judicial.

Semanas después, el 18 de abril, la Corte volvió a atestar un golpe al nuevo régimen legal de la 4T al declarar inconstitucional una reforma en leyes secundarias para efectuar el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque pudiera tener razón, el expresidente develó tres días después que hubo un nuevo actuar político alrededor de ello.

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Según relató, a través de Adán Augusto López Hernández y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, su secretario de Gobernación y secretaria de Seguridad respectivamente, Piña Hernández intentó contactarlo ofreciéndole negociar que el cuerpo armado no saliera de la Sedena inmediatamente. «No, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: No, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito […] Y les dije: Ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono”, contó en su mañanera.

A la par, contó que quien sí vio a la ministra presidenta fue Rodríguez Velázquez, dado que tenían pactado ya un desayuno. Al respecto, relató que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) buscó tentar a la secretaria diciéndole que le convenía la decisión que tomaría la Corte, dado que quedaría la Guardia Nacional en sus manos, lo cual calificó de “politiquería ramplona”.

El 2 de febrero de 2024, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional la Reforma Eléctrica de AMLO, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de marzo de 2021, por considerar que favorecía a Comisión Federal de Electricidad (CFE), algo que iba en contra del modelo en pro de inversores privados que estaba establecido en la Carta Magna. Pese a que con esa definición la ley pasaría a invalidarse para todos, resaltó que la medida se tomó a partir de un amparo concedido a solo a seis empresas: Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V; Engie Abril PV S. de R. L. de C.V.; Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V.; Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V.; y BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V.

Todo ello terminó generando que Andrés Manuel López Obrador terminara presentando el 5 de febrero de 2024 una serie de iniciativas de reformas constitucionales conocidas como “Plan C”. Dichas propuestas serían retomadas por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y serían la bandera de campaña para buscar el voto ciudadano y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Ello no terminó con el actuar político de la Corte, pues al obtener -mediante el voto, alianzas y reclutamientos- las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, comenzaron a oponerse a la Reforma Judicial que cambia la manera de integrar al PJF y sustituye algunas instituciones. Ante ello, Norma Piña apareció en marchas en contra de dichas modificación , mientras que otros ministros como Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar se pronunciaron en foros y medios de comunicación criticando la propuesta de la 4T.

Los cuestionamientos de AMLO a la Corte no solo fueron por los comportamientos de Norma Piña, sino también por los del último mencionado. En agosto de 2023, el entonces procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, anunció que presentarían una queja contra el ministro por dilación de la justicia. Según explicó, ello sería por no resolver durante ocho meses si la Corte debía o no atraer amparos de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, sobre el pago de 25 mil millones de pesos. Un mes después, ante la presión, presentó un proyecto proponiendo atraer los recursos del empresario dueño de TV Azteca, pero fue rechazado en la Segunda Sala.

Un día después, López Obrador preguntó a Aguilar Morales para quién trabajaba, ya que se había prestado además a detener el reparto de los nuevos libros de texto gratuito en Chihuahua. Al respecto, mencionó que el 4 de agosto la gobernadora panista María Eugenia Campos había enviado una controversia constitucional contra el material escolar, el 9 de agosto se le asignó al ministro el análisis de la petición y en solo 48 horas ya había admitido el recurso junto con una suspensión para paralizar la entrega.