Senado aprobó la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

El Senado de la República aprobó la minuta que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con algunos cambios, con el fin de garantizar el ejercicio e implementación de derechos de las comunidades originarias, que están establecidas en la Constitución y en tratados internacionales.

Con 102 votos a favor se ratificaron cambios en los artículos 12 y 16 de dicha ley, mientras que la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas fue aprobada en lo general con 110 votos.

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue creado como organismo descentralizado de la Administración Pública, además de no sectorizado, contando con personalidad jurídica, patrimonio propio y una autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. Asimismo, definirá las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

En tanto, el instituto reconocerá a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos a este derechos público, por lo que entre sus atribuciones están el aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y hasta de género.

De acuerdo con la ley, se busca garantizar el derechos a la consulta, así como el consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, esto, cada vez que el Ejecutivo Federal decida promover reformas jurídicas que sean susceptibles a afectaciones, por lo que se contempla un sistema de consulta de los pueblos indígenas, además de su participación de forma previa, libre e informada.

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Finalmente, se instaurarán los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas dentro de las comunidades, para promover y llevar a cabo medidas pertinentes en la defensa e implementación de los derechos, además de su desarrollo integral y sostenible.