Rosario Robles exige a AMLO “un juicio justo”

Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol y de la Sedatu, dio a conocer una carta “a la opinión pública” en la que reseña una serie de “irregularidades” en su proceso y pide al presidente Andrés Manuel López Obrador un “juicio Justo”.

Respecto a las irregularidades, la ex secretaria de Estado presa por presunto ejercicio indebido del servicio público, apunta: “Una vez más, me entero a través de los medios de comunicación, antes de ser notificada oficialmente, que la Secretaría de Función Pública decidió inhabilitarme por diez años. La SFP aduce que mentí en mi declaración patrimonial y de manera tramposa evade informar sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas.” 

En primer lugar, indica, se trata de un préstamo bancario que de 2012 y que asegura sí esta en su declaración patrimonial, además de que está vinculado a su cuenta Bancomer. Un préstamo de 180 mil pesos saldado completamente. En segundo lugar, se trataría de una cuenta de nomina Santander que se abrió desde 2007 por 2800 pesos que nunca tuvo ningún movimiento por lo que, como el propio banco le informó a Función Pública tuvo que cancelar, por la falta permanente de actividad, y enviar esa cantidad de 2800 a su cuenta concentradora porque así lo establece la ley.

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La también ex militante y ex dirigente del PRD califica de falsas las imputaciones de la Función Pública y señala que a dicha secretaría le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y “una cuenta que ni siquiera tenía en el radar”, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declarara propiedades por millones de pesos. “Ahí si hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente.”

En la carta leída por su hija Mariana Moguel Robles, la ex funcionaria reitera: “Tengo ya más de un mes, desde que el juez DELGADILLO Padierna me declarara prisión preventiva por un delito no grave basándose en la mención de una licencia que ya se ha acreditado que no es la mía, sin que se exhibiera el documento y el que ni siquiera cumpliera con su deber de certificar su veracidad”.

Apunta que han recurrido a “múltiples artimañas para mantenerla de rehén” violando la presunción de inocencia y el debido proceso. 

Es una confabulación, acusa, en la que instituciones del Estado mexicano han violentado la legalidad, porque a pesar de todos sus intentos no han podido demostrar que tenga “un peso que no sea producto de mi trabajo” y mucho menos hay alguna autoridad que la haya declarado culpable de nada en el ámbito penal. 

“Todavía más —añade—, estoy aquí, a pesar de que el delito que se me acusa no es grave y puede ameritar otras medidas cautelares que suponen mi libertad.

Y demanda al presidente: “Lo único que exijo es un juicio justo. En lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno”. 

“Por qué esa saña? —pregunta— Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad.

“Tengo derecho al debido proceso. Considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten. Le pregunto:

¿A caso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país? ¿Tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes?