“Reforma administrativa de AMLO pone a la austeridad como principio rector del uso de recursos públicos”: Alcalde

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, respaldó este martes la reforma administrativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asegurando que establecería la austeridad republicana como principio fundamental en la gestión de los recursos públicos por parte de los tres niveles de gobierno.

Durante la conferencia matutina, Luisa Alcalde detalló el contenido de la reforma en materia administrativa, austeridad y remuneraciones, la cual contempla la inclusión del concepto de “austeridad republicana” en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 134. Este principio, afirmó, debe regir la correcta administración de los recursos públicos de todos los mexicanos.

La secretaria de Gobernación subrayó que en 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana con el fin de eliminar gastos superfluos y dejar de financiar privilegios de funcionarios públicos. Sin embargo, mencionó que varias autoridades se han resistido a estas medidas, amparándose en la división de poderes, la autonomía constitucional de los órganos o la soberanía de los estados.

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La funcionaria precisó que, aunque desde 2009 el artículo 127 constitucional prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República, existen 2 mil 560 funcionarios federales que violan este principio; de estos, 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos y 2,377 al Poder Judicial de la Federación. Además, indicó que el excedente de las remuneraciones inconstitucionales supera los 2 mil 264 millones de pesos (mdp), 97,118,124 pesos corresponden a los que trabajan en órganos autónomos y 2,167,352,603 pesos a los funcionarios judiciales con salarios fuera de la ley..

Para evitar esto, se propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General de Austeridad Republicana obligatoria para todos los poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano sin excepción. Además, sugiere prohibir la adquisición de bienes o servicios no indispensables para las funciones públicas, los esquemas privados de jubilación, pensión y retiro, así como los seguros de separación, gastos médicos mayores, cajas de ahorro u otros privilegios pagados con recursos públicos.

En cuanto a la eliminación de órganos constitucionalmente autónomos, Luisa Alcalde explicó que la iniciativa propone suprimir siete instituciones debido a duplicidades de funciones: 1) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); 2) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); 3) Comisión Reguladora de Energía (CRE); 4) Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); 5) Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); 6) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y 7) Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En la mayoría de los casos, se propone que sus funciones sean absorbidas por secretarías federales a las que originalmente pertenecían, mientras que en otros casos se sugiere transferirlas a órganos legislativos u otros entes autónomos. Como justificación adicional, señaló que estas instituciones han representado un gasto mayor y una pérdida de rectoría estatal en lugar de decisiones independientes o un mejor desempeño institucional.