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Por falta de mujeres en gabinete, acusan a Bonilla de violar Constitución

Foto: Especial

En medio de la polémica sobre el periodo de su mandato, el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue señalado nuevamente de incurrir en una violación a la Constitución tras presentar a su gabinete. Esto debido a que solo incluyó a 3 mujeres, contrario al mandato de paridad de género en todos los cargos públicos. Como hicieron notar senadoras tanto de su propio Movimiento Regeneración Nacional como del opositor Partido Acción Nacional.

Esta mañana, Bonilla presentó su gabinete de gobierno conformado por 12 secretarías, pero con solo 3 mujeres. Siendo estas la secretaria Karen Postlethwaite Montijo, de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Alma Arellano Rosas, de Inclusión y Equidad de Género; y Cynthia Gissel García Soberanes, de Bienestar. Esto pese a que la reforma constitucional en materia de paridad de género mandata que deben ser 6 las mujeres en el gabinete.

“¿Dónde quedó la paridad en el gobierno de Baja California? El espíritu en materia de las reformas constitucionales en paridad de género responde a la justicia y a la igualdad de oportunidades. #ParidadEnTodo no es ninguna concesión, es justicia”, escribió en su cuenta oficial de Twitter Martha Lucía Mícher, senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en la cámara alta del Congreso de la Unión.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, de PAN, le recordó a Bonilla que “hay un mandato constitucional para que su gabinete sea paritario (eso significa que la mitad deben ser mujeres y la mitad deben ser hombres). No viole la Carta Magna. No viole los derechos de las mujeres. Cumpla con la paridad”. Sumándose al reclamo las diputadas federales Wendy Briseño y Lucía Riojas.

La reforma en materia de paridad de género en cargos públicos fue promulgada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el de Bonilla debía ser el primer gobierno estatal en acatar la nueva normativa. Sin embargo, esto se ha sumado a otras polémicas como la de si su mandato será por 2 o 5 años, para lo que ya se han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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