México rechaza informe de ONU sobre desapariciones por “tendencioso” y “sesgado”

Luego de que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresara, en su reciente informe, que las desapariciones forzadas en México han alcanzado niveles de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de México rechazó dicho informe por considerarlo “tendencioso”, “sesgado” y omiso en la información proveída por la presente administración federal.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresaron que no coinciden con la definición de desaparición forzada que abraza el comité y tampoco con que no se hayan tomado en cuenta los avances que se han tenido desde 2019, cuando iniciaron los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, expresaron las dependencias encabezadas por Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco Álvarez.

Detallaron que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas “de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado”, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, dicha situación, que aseguraron, “no corresponde a la realidad del México actual”, mismo que ha emprendido una transformación estructural en la materia.

Desapariciones forzadas en México alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad: ONU

El gobierno de México detalló que si bien el informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, es decir, en las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a únicamente cuatro estados, la decisión del Comité “es parcial y sesgada”, en la que además, “omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo”. A la par, el gobierno de Claudia Sheinbaum lamenta que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.

“El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”, evidencia.

Asimismo, Segob y SRE resaltan “la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas” —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma. La cuál, señalan, que se agrava por los conflictos de interés en los que incurren “algunos de sus integrantes”, en específico, aseguran que “existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

Por tanto, afirman que el Gobierno de México “no tolera, permite, ni ordena desapariciones forzadas”. Además, destacaron que en la presente administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo, como ellos mismos lo sugieren.

Esta reforma, indicaron, es fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, que derivó en que en julio de 2025 se aprobaran reformas sustanciales a la ley, y que son herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente, como los son:

1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
4. La Plataforma Única de Identidad.
5. La obligación de fiscalías especializadas estatales.
6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

“Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias. México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, expresaron.

Ante ello, indicaron que el gobierno de Sheinbaum Pardo reafirma su compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.