Linchamientos en Puebla son producto de la inseguridad y desconexión del Estado, advierten expertos de la Ibero y BUAP

El pasado viernes 10 de junio, Daniel Picazo de 31 años de edad, quien se desempeñaba como asesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, fue linchado en la comunidad de Papatlazolco, Huauchinango, Puebla tras ser confundido con un presunto secuestrador de menores. Casi una semana después, el subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, comentó que estos hechos se provocan a partir de la desinformación, del rumor alentado y de la exacerbación de los ánimos de la comunidad.

Pese a esa interpretación oficial, el funcionario federal no explicó ni la dimensión, ni las causas de fondo de los linchamientos en Puebla. En entrevista para La Hoguera, Tadeo Luna de la Mora, profesor de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, y Antonio Fuentes Díaz, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señalaron que “el problema es más frecuente de lo que estamos preparados para aceptar” y que el avance de la delincuencia y problemas estructurales han provocado que el estado esté entre los primeros lugares de comisión de esta acción violenta.

Respecto a la ocurrencia, Tadeo Luna explicó que en su trabajo ‘Linchamientos en Puebla. Violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos’ (2021) ocupó datos del portal informativo LADO B para verificar la frecuencia en que suceden. A partir de eso, observó que el fenómeno creció al menos de 2013, cuando se registraron 35 intentos de linchamientos en 19 municipios, hasta 2019, cuando alcanzó un pico de 196 intentos de linchamientos y 22 más consumados en 47 municipios poblanos.

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Durante 2020 se vio un decremento de estos sucesos en la entidad al haber 148 eventos, citados en el informe ‘Análisis de los linchamientos en el estado de Puebla, 2020 del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla; sin embargo, el especialista, quien es coautor de este estudio, dijo creer que esto no se debe a ninguna política pública de prevención, sino que es consecuencia de la pandemia de Covid-19 y el encierro que trajo.

Pero, ¿dónde ocurren? El investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana campus Puebla dejó en claro que es una idea falsa o errónea que los linchamientos solo pasan en comunidades alejadas o que están vinculadas a una cuestión de usos y costumbres de pueblos originarios. No obstante, señaló que en el caso de Puebla tiene que ver con la marginación, es decir, la falta de acceso a educación, salud, empleos dignos que también ocurren en zonas urbanas de la misma Zona Metropolitana de Puebla.

Dicha máxima quedaría corroborada en el informe mencionado del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, pues si bien indica que los linchamientos fueron cometidos en varias partes del Estado, destaca que dentro de los municipios poblanos que tuvieron linchamientos tres años consecutivos entre 2018 y 2020 están grandes centros urbanos como San Martín Texmelucan, Tehuacán, Amozoc, San Pedro Cholula y la capital estatal, Puebla. Adicionalmente, durante dicho periodo de estudio también tuvieron casos de este tipo de manera consecutiva Tlahuapan, Atlixco, Tlacotepec de Benito Juárez, Acatzingo, Huauchinango, Cañada Morelos, Huaquechula, Los Reyes de Juárez, San Salvador el Verde, Zacapoaxtla, Santo Tomás Hueyotlipan y Tehuizingo.

Pese a la importancia de esa variable, no es la única que explica de fondo la ocurrencia de estas acciones tumultuarias, pues la delincuencia misma y causas estructurales estarían detonando y permitiendo condiciones para que estos eventos sigan ocurriendo.

Percepción de inseguridad, claves para entender los linchamientos poblanos

El fenómeno de los linchamientos en Puebla no es algo nuevo. Ejemplo de ello es el caso ocurrido el 14 de septiembre de 1968, cuando un grupo de estudiantes y trabajadores de la ahora BUAP fueron asesinados en un linchamiento por parte de habitantes de San Miguel Canoa. Ese día, incitados por el párroco local, una turba enardecida se lanzó contra quienes solo querían subir a La Malinche acusándoles de ser «comunistas» que habían llegado para repartir propaganda, asesinando a tres de los integrantes de la comunidad universitaria y a quien les había intentado proteger en su casa.

54 años después, estos hechos continúan presentes, pero sus detonantes actuales parecen haber dejado lo ideológico y acelerado el avance de estos intentos de hacer justicia por propia mano. Sobre ello, el experto de la Univerisdad Iberoamericana compartió que el incremento de los linchamientos está ligado con la percepción que la ciudadanía tiene de la seguridad pública y la impunidad que predomina en el Estado.

De acuerdo con el Inegi, Puebla tuvo un leve incremento de percepción de inseguridad entre 2013 a 2017 al pasar de 63.3% a 68.1%. No obstante, para 2018 el instituto registró un salto de 13.3 puntos porcentuales, de modo que el 81.4% de la ciudadanía manifestó sentir a la entidad como un lugar inseguro, cifra que subió alcanzando su pico en 2019 con 87.7%.

El último dato resulta relevante dado que fue en ese año que los linchamientos alcanzaron también su cima. Tras ello, en 2019 la percepción de inseguridad bajó dos décimas y en 2021 tuvo otro decremento para ubicarse en 85.6% de según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

El 7 de agosto de 2019, siete personas fueron privadas de la vida por habitantes de las localidades de Cohuecan y Tepexco, tras ser acusados por el secuestro de un vecino de la comunidad. Foto: Especial

Dicho deterioro de la percepción de seguridad no es gratuito, pues va de la mano con el avance de la delincuencia de acuerdo con el experto. Durante 2016, la tasa de víctimas de delitos en Puebla fue de 22,959 por cada 100,000 habitantes, pero subió en un solo año a 31,834 según el Inegi, con lo que superó la tasa promedio de todo México. 2017 fue el año de mayor incidencia y disminuyó al menos hasta 2020, cuando se registraron 25,149 víctimas de delito por cada 100,000 habitantes; sin embargo, destaca que esa caída no ha permitido que el promedio sea nuevamente más bajo que a nivel nacional.

Así, el incremento de la percepción de violencia en Puebla y su disminución más lenta estarían provocando en algunas poblaciones un sentimiento que les guía hacia la violencia para intentar enfrentar la delincuencia. “Cierto tipo de delitos tienden a incrementar este sentimiento de inseguridad, lo que se traduce en medidas más punitiva, [es decir] no solo queremos más cárcel sino el que comente delitos la pague cada vez más o el que genere inseguridad que sufra una sanción más fuerte”, señaló Luna de la Mora.

Sobre ello ahondó el doctor Antonio Fuentes Díaz, quien explicó que en la primera década del siglo los estudiosos percibieron tres detonantes de estos homicidios tumultuarios. 1) comportamientos que agravian o perjudican a través del robo, asalto u ofensas contra la propiedad de personas o grupos; 2) las lesiones corporales, como asesinatos, violaciones o incluso atropellamientos; y 3) una ofensa o agravio a algún valor comunitario, como sucedió en la década de 1990 en una oleada de robo de imágenes sacras.

Sin embargo, el académico de la BUAP indicó que en Puebla se identifica también una figura intermedia entre el insulto a un valor comunitario o supremo y el daño físico o corporal: las acusaciones de secuestro infantil. Al respecto, indicó que, de acuerdo a las observaciones de estos casos, las personas acusadas de ser “robachicos” generalmente terminan muertos.

“Lo que vimos ese fin de semana que ocurrió en Huauchinango, sería un caso de este tipo porque tiene todos los componentes que se han estado aislando en términos del análisis de los eventos: una alta ritualización, un número grande de participantes y una desconexión de las autoridades policiales para impedirlo, pues genera que los refuerzos llegan demasiado tarde para evitarlo”, analizó.

Pese esta explicación más generalizada, señaló que cada zona tiene también su propia conflictividad de inseguridad pese a estar dentro del mismo estado. Por ejemplo, comentó que en San Martín Texmelucan esta está vinculada a la presencia de grupos dedicados extracción de combustible de los ductos en la zona y extorsión a comercios y a tianguis de ropa que son numerosos y grandes; en tanto, en Tehuacán está relacionada a actividades ilegales como el narcomenudeo o la presencia de grupos criminales.

Es así como estas actividades delictivas específicas han influido de manera adicional en la percepción a la baja de los niveles de inseguridad de esos municipios de alta incidencia de linchamientos y provocado una mayor reacción vecinal en términos de tratar de poner frenos a conductas criminales.

Impunidad y desconexión del Estado con las comunidades, precondiciones para los linchamientos

La impunidad y la falta de presencia estatal con las comunidades son los últimos elementos mencionados por los expertos como factores predisponentes a la aparición de los linchamientos en Puebla. Respecto a la primera, Tadeo Luna Mora expuso que detrás de la comisión de estos asesinatos o golpizas multitudinarias está también el que las instituciones encargadas de proveer seguridad y justicia no cumplen con sus funciones pues se suelen detener a los delincuentes sin que después sean sancionados, dándose el fenómeno de “la puerta giratoria”, o simplemente la policía no llega a auxiliar a los ciudadanos

Por su parte, el investigador Antonio Fuentes Díaz comentó para La Hoguera que en la entidad también existe una política de conexión de los servicios del Estado que no está abonando a la seguridad de algunos puntos. Al respecto, compartió durante la década pasada, “al parecer en 2014”, se hizo una reforma que derivó en la centralización de ministerios públicos, eliminando algunos que existían en comunidades o regiones al interior de la entidad para trasladarlos a centros urbanos.

“Obviamente esto genera una desconexión mayor a largo plazo que genera la dificultad para conectar servicios de justicia hacia las comunidades. Esto va a posibilitar en un momento dado que haya muchas acciones, formas de reaccionar ante el delito común o conflictividades locales que ya no van a pasar por la recurrencia a un operador de justicia”, explicó el también miembro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» (ICSyH).

Finalmente, el sociólogo especialista en violencia colectiva mencionó que esto genera una especie de dificultad, abandono o desconexión institucional que ha favorecido la comisión de linchamientos en Puebla. En tanto, resaltó que son estas las causas por las que se permite explicar este tipo de eventos y no necesariamente la simplificación de vincularlos a una etnicidad.