Atención a linchamientos en Puebla pasa por forjar políticas integrales, coinciden expertos

Luego del linchamiento de un asesor parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) el pasado 10 de junio en Huachinango, Puebla, el fenómeno de esta violencia colectiva en la entidad del centro de la República volvió a estar bajo el escrutinio público. Sin embargo, más allá de la atención al caso, expertos en la materia coinciden en que la atención a este tipo de eventos en el estado pasa por forjar políticas integrales capaces de atender dicha situación.

Para conocer los pendientes que el gobierno tiene para evitar los linchamientos en Puebla, La Hoguera consultó a Tadeo Luna de la Mora, investigador de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, y Antonio Fuentes Díaz, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes coincidieron en que hace falta trabajar en políticas integrales que los prevengan y no solamente protocolos de reacción.

Para el catedrático de la BUAP, la importancia que los gobiernos estatales le han dado a este problema no ha sido del todo suficiente, lo cual se refleja en que no existe una base de datos oficial sobre este tipo de episodios por parte de las instituciones de administración o impartición de justicia. En tanto, especificó que, para poder realizar sus investigaciones del año 2000 a la fecha, los académicos han creado sus propias bases de información a partir de fuentes hemerográficas para ir perfilando el fenómeno.

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Este también explicó que el conteo que pudiera hacer cada institución, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el ámbito federal, pasa por una correcta metodología y la definición de “linchamiento”. Según detalló, algunas solamente cuentan como tales a los que terminan en muertes de personas inculpadas de algún presunto delito o falta, mientras que otros consideran necesario que también se reporten los que solamente dejan víctimas golpeadas.

Sin embargo, la falta de cifras es tan solo el inicio para dar solución al problema que en 2020 dejó un total de 139 intentos de linchamientos y 9 linchamientos consumados, según datos de la Secretaría de Gobernación de Puebla, citados por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla en su ‘Análisis de los linchamientos en el estado de Puebla, 2020′

Puebla necesita un protocolo de actuación preventivo, no solo una tipificación del linchamiento

Actualmente está vigente en Puebla un Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamientos en el Estado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial el 29 de mayo de 2019 por el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido. Sin embargo, el investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» (ICSyH – BUAP), consideró que este no es suficiente dado que es reactivo y no previene este tipo de sucesos como debería.

“Eso implicaría un esfuerzo de mayor organización, vinculación entre autoridades estatales, incluso federales, alrededor de comunidades donde ha habido conflictos previos para que pudieran generar un programa como de diálogo y atención. Habría que hacer un operativo más complejo para desactivar este tipo de eventos donde puedan suceder o donde pueden repetirse, no lo hay, estos protocolos como tales no están presentes”, sostuvo.

Cuestionado sobre si sería necesario tipificar esta acción colectiva como delito en un Código Penal, este respondió afirmativamente. Sin embargo, consideró que durante los últimos años se ha visto una inclinación por políticas de sanción, de modo que ahora debería optarse primordialmente por una política de prevención aprovechando la investigación que se tiene ya del tema.

Para su diseño, consideró necesario partir de un mapeo geográfico a fin de saber dónde se están presentando los linchamientos y rastrear las configuraciones estructurales de conflictividad, pues esto permitiría en un momento actuar previamente a que un evento así pudiera presentarse.

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En ello coincide el profesor Tadeo Luna, de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien señaló que se requieren políticas integrales de prevención pensando en cómo puede actuar la autoridad para que la gente no llegue a esos niveles de querer ejercer la violencia producto del hartazgo o un cúmulo de sentimientos que se van acumulando hasta que termina por explotar en un hecho concreto de intento de linchamiento.

Este resaltó que el actual protocolo de actuación se hizo para atender una recomendación de su existencia como lo pidió la CNDH tras el linchamiento de Ajalpan en 2015, pero que no es producto de voluntad política real de atender el fenómeno. Por eso, también planteó que está incompleto dado que solo habla de lo que tienen que hacer las policías y autoridades municipales o estatales cuando se enteran de una turba enardecida que quiere linchar a alguien.

“Desde mi punto de vista eso ya es muy tarde, no se puede o es muy difícil que se pueda negociar o que se pueda llegar a algún acuerdo con un grupo de personas que además están enojadas y lo que tienen es sed de castigo”, exclamó el doctor en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.

En tanto, consideró que la realización del documento de actuación responde exclusivamente a atender una recomendación de su existencia como lo pidió la CNDH tras el linchamiento de Ajalpan en 2015, pero que no es producto de voluntad política real de atender el fenómeno.

Justicia y reconstrucción del tejido social como medidas preventivas y de “sanación”

El criminólogo de la IBERO declaró que el desfogue necesario para superar el fenómeno de los linchamientos requiere de fondo combatir la impunidad. Al respecto, explicó que más que la tipificación de estos como delitos y engrosar los códigos penales, para él la solución sería mejorar los sistemas de justicia dando certeza de que las personas detenidas por presuntos delitos al menos serán juzgadas y, de ser culpables, sancionadas.

Asimismo, consideró necesario rehacer la confianza de la ciudadanía frente a las corporaciones policiales para que se animen a ir a denunciar o llamar a la policía cuando vean algo sospechoso en lugar de pensar hacer justicia por su propia mano. En tanto, sugirió atender las condiciones de precariedad que hacen fértil a un lugar para el desarrollo de las violencias sociales en general.

Por otra parte, ante la pregunta de qué se debe hacer para “sanar” a las comunidades donde ocurren estos asesinatos o golpizas tumultuarias a personas indefensas, el investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana campus Puebla indicó que es una pregunta sin respuesta pues hay comunidades específicas donde se repiten estos hechos. Esta, reconoció, es un área de estudio pendiente donde no se sabe bien todavía si se fortalecen los lazos o redes vecinales porque existe una especie de complicidad o si se termina neutralizando lo ocurrido pues les hace “bien” no saber quién dio la última pedrada porque entonces no fue nadie quien asesinó a la víctima, sino que “fueron todos.

“También hay muchos casos de linchamientos en Puebla donde se lincha a una persona que vivía en la misma comunidad o en la comunidad vecina, entonces cómo quedan esas comunidades, cómo rearmar las redes sociales, los lazos solidarios entre ellas, es algo que no sabemos”, destacó.

Por su parte, el doctor en Sociología Antonio Fuentes Díaz comentó no cree que haya una solución sencilla para “sanar” a las comunidades que fungieron como escenarios de linchamientos, pues en todo caso se requiere de una intervención y generar un proceso como de transición hacia una reconstrucción del tejido social.

Al respecto, señaló que desde su experiencia no ha visto casos donde exista esta operación estatal para lograr una normalidad que permita otra vez la vida cotidiana. Sin embargo, compartió que su experiencia en la investigación le ha acercado a procesos en Michoacán donde, en el contexto de las comunidades partidas por crisis armadas, algunas pastorales de la iglesia católica u organizaciones vinculadas esta han intentado reconstruir el tejido social a través de la fe de las personas.