Imposible, crear Comisión para caso Ayotzinapa, argumenta PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) señala que es imposible crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa tal como lo exigen los amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en favor de presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos implicados en la desaparición de los 43 normalistas.

El recurso presentado por la institución alega que existe «imposibilidad real, jurídica y material» para cumplir con la demanda. El  documento, firmado por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR, fue presentado este jueves ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, presidido por Sabino Pérez García, quien tendrá la labor de determinar si tales condiciones de imposibilidad son ciertas.

Los procuradores y fiscales de justicia del país se han pronunciado contra la resolución del Tribunal Colegiado: “(…) lo que hace es ver eso, precisamente un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que se dictó; un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad”, declaró Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.

El incidente contrariado por la PGR corresponde al caso de Miguel Ángel Landa Bahena, alias ‘El Chequel’, y tres personas más que obtuvieron la protección de la justicia dentro del juicio de amparo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Las personas serían, presuntamente, algunos de los principales encargados de la desaparición de los normalistas en Iguala.

Mientras se tramita este recurso, lo que puede tomar varias semanas, las autoridades no incurrirán en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual hay un plazo de diez días que empezó a correr esta semana. La comisión, por otro lado, tendría como fin una nueva investigación del caso, y se conformaría por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.