Diputados avalan desaparecer el Conacyt y reemplazarlo por el Consejo Nacional de Humanidades

El pleno de la Cámara de Diputados avaló la expedición de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que plantea, entre otras, la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

El dictamen, integrado por las comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación del recinto legislativo fue aprobado en el pleno con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, en lo general, mientras que en lo particular recibió 257 votos a favor, 210 en contra y 2 abstenciones, para quedar en sus términos, luego de que la mayoría (Morena, PT y PVEM) rechazaran las propuestas de modificación hechas por la oposición (PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano).

En su argumentación, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania Cruz, dijo que la nueva ley garantiza el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De acuerdo con el dictamen, el director del organismo —que conservará su carácter de descentralizado del Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propio y que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad— será nombrado por el titular del Ejecutivo.

Además, precisa que los recursos públicos destinados al fomento de las actividades en la materia serán entregados sin intermediarios a “las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadora”. Asimismo, prevé tener un presupuesto progresivo año con año, en congruencia con el principio de no regresión.

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Por otro lado, el dictamen de iniciativa enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrados al congreso el 13 de abril de 2022 y que sufrió más de 250 modificaciones, también prevé la asignación “universal” de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos a programas de maestría y doctorado en ciencias y humanidades, así como a posgrados enfocados a la formación de profesionales que el país requiere.

El dictamen contempla además la creación de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que estará integrado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la Secretaría de Educación Pública (SEP), las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, se creará el Sistema Nacional de Información, que tendrá acceso abierto a los resultados y demás información que resulte de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los centros públicos, para consulta en general.

En relación con la integración de la Junta de Gobierno (JG), se aprobó incrementar a ocho los representantes de la comunidad académica, así como de los sectores social y privado, precisando que las invitaciones se harán a partir de las propuestas que realice la persona coordinadora del órgano consultivo al director o directora general del Conacyt y conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad, tanto institucional como sectorial; asimismo, se instauró que se renovarán periódicamente para garantizar el carácter plural e incluyente de la JG. Además, se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la JG como invitado permanente.

Durante la discusión, diputados de la oposición acusaron a la mayoría de no respetar los acuerdos previos de realizar siete foros abiertos para escuchar voces de expertos en la materia para integrarlas a la iniciativa, pues afirman que solo se realizaron dos; sin embargo, diputados de Morena señalaron que se les realizaron más de 250 modificaciones al texto original que oficialmente circuló la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el pasado jueves 20 de abril.

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También, la oposición criticó que la reforma contempla lo que llamó una “centralización” y “control” de los proyectos de investigación, que “atenta contra la libertad” de los investigadores, debido a la “tendencia ideológica” del gobierno de Morena. Pero la nueva ley precisa que “una de las obligaciones del Estado será la de garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación”.

El dictamen discutido señalaba que “el Conacyt creó fideicomisos millonarios, que del 2001 al 2018, bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.

Por ello, subraya que “el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”.

Por otro lado, el Conacyt se congratuló con la aprobación de la nueva ley, pues afirma que “constituye un logro colectivo que busca beneficiar a todo el pueblo de México, para que nunca más, nadie quede atrás ni nadie afuera”.